
Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein pidieron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurra al Congreso a dar explicaciones sobre su denuncia por un supuesta ooperación de inteligencia ilegal contra el gobierno.
En concreto, el proyecto de resolución contempla que la funcionaria nacional asista para responder sobre seis puntos.
Por ejemplo, que brinde “los fundamentos que sustentan los graves dichos vertidos en diversos medios públicos por la Ministra en los cuales sugiere la existencia de ‘un servicio paralelo de inteligencia’ integrado por ‘agentes rusos y venezolanos’ que tendrían por objetivo desestabilizar al gobierno”.
Además, piden saber las “pruebas y elementos la impulsaron a realizar esas graves e irresponsables afirmaciones a través de diversos medios de comunicación”.
También quieren saber “si la Sra. Ministra no considera que el pedido de allanamiento de domicilios dirigido a periodistas que dieron cuenta de la investigación por una presunta trama de corrupción descrita por el ex Director de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y que involucraría a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros funcionarios, constituye un acto de hostigamiento e intimidación que lesiona el libre ejercicio de la libertad de expresión y la tarea periodística”.
Otro orden, pretenden que Bullrich detalle “qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno nacional para enfrentar la supuesta operación de ‘servicios paralelos de inteligencia’”.
En los fundamentos, los legisladores indicaron que tras la difusión del audio de Diego Spagnuolo “el gobierno de Javier Milei optó por la opacidad, la agitación de teorías conspirativas tendientes a desestabilizar al poder de turno y el silenciamiento a periodistas y medios de comunicación”.
“So pretexto de una presunta violación a la Ley de Inteligencia Nacional que buscaría desestabilizar al gobierno e influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas, el escrito presentado por indicación expresa de la ministra Patricia Bullrich, estaría requiriendo tanto el allanamiento y secuestro de material periodístico, como la prohibición de difusión, reproducción y circulación de los registros obtenidos a modo de medida cautelar urgente, alegando -con un cinismo inusitado- el propósito de velar por la transparencia de los procesos democráticos y la vigencia del Estado de Derecho”, aseguraron.
Y concluyeron que este accionar “constituye una seria afrenta al ejercicio libre e independiente de la actividad periodística, la libre circulación de la información que atañe a la cosa pública, y un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión”.
FA