
La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar con el juicio oral y público contra sindicalistas del gremio de Camioneros implicados en un bloqueo violento a la empresa Química Oeste en mayo de 2021.
La decisión revoca el sobreseimiento anterior y subraya la protección de derechos constitucionales como el trabajo y la propiedad privada.
El conflicto se produjo cuando un grupo de sindicalistas de la Delegación Monte Grande impidió el ingreso y salida de empleados y camiones de la firma, en un intento de imponer un delegado propio. Según la empresa, los bloqueos afectaron gravemente su actividad y provocaron pérdidas millonarias.
El fallo de la Corte pone el foco en el límite entre el derecho a huelga y la afectación de terceros, con implicancias políticas sobre la actuación de los sindicatos en conflictos laborales.
Para el tribunal, los jueces inferiores habían subestimado la afectación de derechos esenciales al otorgar los sobreseimientos, y el caso ahora vuelve a la instancia de juicio oral.
El avance del proceso judicial adquiere relevancia política en un momento en que la conflictividad sindical es tema central en la agenda del gobierno y de la oposición, generando debates sobre regulación laboral, fuerza gremial y seguridad jurídica para las empresas.
El caso involucra a Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la delegación, y otros dirigentes, mientras la querella insiste en que los bloqueos fueron premeditados y violentos.
Con la intervención de la Corte, se espera que el juicio pueda establecer responsabilidades claras y sentar un precedente sobre la línea entre protesta sindical y vulneración de derechos laborales y empresariales.
FS