La Libertad Avanza quiere retrotraer aumentos y congelar el Inmobiliario Rural en Buenos Aires

A pocos días de las elecciones bonaerenses y en la antesala al tratamiento del proyecto de Presupuesto y la Ley Impositiva que Axel Kicillof deberá enviar a la Legislatura, el bloque de diputados de La Libertad Avanza primerió el debate al presentar un proyecto para “retrotraer, reducir y congelar” el Impuesto Inmobiliario Rural. La iniciativa es impulsaba desde la bancada que lidera el legislador Agustín Romo y lleva la firma de seis diputados libertarios. 

En su primer artículo, el proyecto pretende que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) retrotraiga el aumento aplicado con la segunda cuota del 2024 y lo lleve al valor inferior facturado en la primera cuota de ese mismo año. 

Cabe recordar que la imposibilidad de un acuerdo político -en diciembre del 2024- impidió la sanción de un nuevo presupuesto junto con las modificaciones impositivas planteadas por el Ejecutivo. A comienzos del 2025, el gobernador Kicillof decidió prorrogar ambas leyes, hecho que mantuvo el esquema impositivo aplicado un año antes. 

El segundo de los puntos consiste en una reducción del 50% en el monto del Inmobiliario Rural, una vez aplicada la retrotracción. El tercer artículo determina el congelamiento “de todo mecanismo de actualización o incremento del valor fiscal imponible y de las alícuotas, según la reducción establecida en el artículo 2 durante los periodos fiscales 2025- 2026”. 

“Debemos darle una mano al campo, no soltarla” 

En los fundamentos y considerandos del proyecto, los diputados de La Libertad Avanza denuncian un “aumento desproporcionado de la presión fiscal sobre el sector agropecuario” y consideran que los impuestos al sector operan como “un obstáculo al motor productivo de nuestra provincia”. 

Aseguran que la reducción impositiva busca “incentivar la actividad económica” ante “la crítica situación” del sector “por la caída de los precios internacionales en el ámbito cerealero”, el “aumento agravado de los costos de producción” y las “extensas inundaciones en los núcleos productivos”, ante la “falta de infraestructura pública”.

Además de repasar los aportes del sector a la economía nacional y la generación de empleo-, sostienen que su aporte a la economía es la base de la estabilidad argentina- e  insisten en que “penalizar a los productores” genera “desaliento” en la producción con un impacto especial  sobre los pequeños y medianos productores. 

También mencionan los incrementos de costos internos en combustibles, repuestos, maquinarias, fertilizantes y fitosanitarios. “Debemos darle una mano al campo, no soltarla” aseguran los legisladores de La Libertad Avanza. 

Antecedentes, polémicas e incertidumbre de cara al 2026 

El esquema impositivo aprobado a fines del 2023 y que rigió en 2024 y 2025 -por la prórroga de las leyes- generó fuertes polémicas con entidades y productores autoconvocados que incluso fueron a la Justicia por considerar que las boletas emitidas por ARBA no respetaban los topes establecidos. 

Los  productores afirmaban que, en determinados casos, las cuotas superaron el máximo establecido.  En especial, denunciaron que los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural rebasaron lo estipulado para el 2024 -topes del 140% al 200% respecto a 2023-. Por ello pidieron limitar el monto de la cuota 4/2024 al valor de la cuota 3 y exigían la devolución de lo “excedente”. 

En tanto, desde la Provincia sostenían que en 2023 los constituyentes rurales habían obtenido algunos beneficios tributarios y exenciones ante la sequía. O que habían aprovechado descuentos (pagos anticipados o adhesión al débito automático) pero que el cálculo sobre la base imponible, se realizó acorde a la ley. 

Finalmente el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Azul -allí se presentó la demanda y hubo una protesta de autoconvocados- le dio la razón a la Provincia y consideró que no existían elementos suficientes para otorgar una suspensión del pago. 

Tras la sentencia favorable, el director de ARBA, Cristian Girard, apuntó contra determinados dirigentes políticos opositores que habían incitado a una “rebelión fiscal” y fogonearon las protestas. “Lamentablemente hicieron un uso político del tema, con (José Luis) Espert y dirigentes del PRO llamando a la rebelión fiscal. En los hechos, lo único que lograron fue hacerles perder plata y tiempo a un grupo de productores, porque este fallo definitivo le da la razón a ARBA” afirmó. 

La discusión de las leyes de Presupuesto e Impositiva para el 2026 ya mostró complicaciones. El gobierno de Kicillof pidió prórroga para la elevación de los proyectos tras cumplirse el plazo constitucional previsto para el 31 de agosto. 

El argumento utilizado por el ministro de Economía provincial, Pablo López, fue la ausencia de los proyectos homónimos a nivel nacional que debe presentar el presidente Javier Milei para contar con datos macroeconómicos. “No se puede definir de manera seria ni los niveles de ingresos tributarios ni el alcance de las erogaciones” menciona la nota elevada a la Legislatura. 

Qué dice CARBAP de cara al Presupuesto Provincial 2026

Semanas atrás y a través de un documento presentado ante los diputados y senadores con motivo de las elecciones 2025, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) incluyó un capítulo fiscal en el que se refirió a los tributos que paga el sector. 

Según la entidad, la Ley Fiscal vigente a partir de la prórroga  “contenía varios errores conceptuales a nuestro entender”  por lo que requiere una “revisión total” en el marco del debate por el Presupuesto 2026.

En lo que respecta al Impuesto Inmobiliario Rural, desde la entidad rural advirtieron que  “se mantienen artículos que otorgan una preocupante discrecionalidad al Poder Ejecutivo y a ARBA para incrementar hasta en un 25% el valor de las cuotas”.

En este punto, se refirieron especialmente a la denominada  “quinta cuota”, aplicada a quienes superaron la base imponible de $39.096.756 del Inmobiliario Rural correspondiente al ejercicio 2024. El mismo no podía exceder la tasa de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a 30 días.

Desde CARBAP recordaron que “se habilita la posibilidad de actualizar las cuotas en función de la tasa de interés que paga el Banco Provincia, un criterio sin sustento técnico ni tradición en este tributo, que históricamente se ha abonado en cuatro cuotas fijas anuales”.

Según la entidad, esta modalidad introduce un “componente de incertidumbre” que “atenta contra la previsibilidad fiscal” que necesita el productor agropecuario. 

Por otro lado, anticiparon que las escalas vigentes “han quedado completamente desactualizadas” lo que ha generado “un fuerte incremento de la carga tributaria sobre productores medianos y grandes, afectando la equidad del sistema y distorsionando el principio de progresividad”. 

Por último, insistieron con firmeza en dos reclamos “estructurales”: la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario Rural y del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, cuya permanencia “no solo resulta injusta, sino contraproducente para el desarrollo de las actividades productivas, la inversión y el recambio generacional en el campo”. 

A diferencia del Inmobiliario Rural, el Complementario Rural agrupa a todas las partidas inmobiliarias que posee un mismo contribuyente en la Provincia, y aplica una alícuota adicional sobre la base imponible total.

“Este impuesto se liquida de forma automática por ARBA al detectar que una persona física o jurídica es titular de varios inmuebles, sin importar si estos están o no en la misma zona, si forman parte de una misma unidad productiva o si pertenecen a una sucesión indivisa” sostienen los productores.