Histórico: las dos cámaras del Congreso le dan la espalda a un veto presidencial

El Senado marcó un hito: rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 63 votos afirmativos y apenas 7 en contra. La misma norma ya había sido restituida por Diputados el 20 de agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones . Con ese resultado, ambas cámaras del Congreso volvieron por primera vez en décadas -al menos en 22 años- el rechazo total a un veto presidencial, completando el proceso de insistencia que convierte la iniciativa en ley .

El único antecedente similar, desde el retorno de la democracia, en el que las dos cámaras rechacen un veto presidencial se remonta al 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Ese día, el Congreso anuló el veto del Ejecutivo a una ley que reducía los aranceles a la importación de azúcar, impulsada por legisladores de provincias productoras del norte del país. La votación fue contundente en ambas cámaras y significó un hecho inédito desde el regreso de la democracia en 1983: por primera vez, diputados y senadores insistieron contra un veto total del presidente, anticipando lo que recién volvió a ocurrir más de dos décadas después.

En el presente, la ley reinstaurada declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable un año más), actualiza aranceles prestacionales según inflación acumulada, redefine pensiones no contributivas, incorpora mecanismos de participación obligatoria de las organizaciones del sector, y obliga al Ejecutivo a informar sobre la ejecución presupuestaria .

En Diputados, fue apoyada por bloques diversos: el peronismo kirchnerista y no kirchnerista, la izquierda, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y fuerzas provinciales; incluso legisladores del PRO críticos del veto se sumaron a la insistencia.  En el Senado, la construcción de mayoría transversal no fue menor: senadores peronistas, radicales y provinciales respondieron a una lógica que puso por encima la urgencia social. 

Lo extraordinario no fue solo el texto aprobado, sino la alianza que lo sostuvo. Juntos, el kirchnerismo, sectores del radicalismo, la izquierda, fuerzas provinciales y una parte del PRO que ya no tolera este estilo de conducción, votaron unidos. En el Senado, salvo lo propio de La Libertad Avanza y una senadora del PRO, todos los bloques convergieron en tumbar el veto. Esa convergencia es síntoma: fuerzas que apenas se coordinaban hoy entienden que se necesita un mecanismo republicano de freno y que el Poder Ejecutivo no puede estar por encima del diálogo.  

La sesión ocurrió en un contexto ya tenso por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), audios filtrados y una ofensiva judicial que salpica al núcleo del poder . Ese clima potenció la urgencia política de consolidar un triunfo institucional tras haber recuperado la ley desde sus propios escaños.

Este doble rechazo -en Diputados y en Senado- no es solo un revés al Ejecutivo: es una declaración de fuerza parlamentaria en campaña, un mandato que reclama acción efectiva. Una señal que  evidencia los límites del estilo de conducción verticalista y sorpresiva asumido por el Ejecutivo. El camino que funcionó -orden, prepotencia, silencio- se vuelve ineficaz a nivel parlamentario.

Queda por ver si el Gobierno judicializará la ley o, como prometió, intentará evitar su aplicación. Pero la voz del Congreso ya habló más fuerte que los decretos del Ejecutivo: los hechos muestran que no basta con tener la lapicera; hay que poder sostener los consensos sin excluir toda discrepancia. Y eso, por ahora, lo impone el propio Parlamento.