
El oficialismo quedó bajo cuestionamiento por la demora, que obliga a la oposición a impulsar un emplazamiento en una próxima sesión para forzar el debate. La falta de convocatoria retrasa los tiempos y amenaza con dejar sin respuestas a los familiares de las víctimas antes del recambio legislativo.
La diputada Silvia Lospennato (PRO), aliada del oficialismo, se mostró incómoda al revelar que envió tres notas a Mayoraz pidiendo la reunión conjunta con la comisión de Peticiones -que ella preside- y cuestionó también al titular de la Cámara, Martín Menem, por haber girado el proyecto a Asuntos Constitucionales como comisión cabecera.
Desde la izquierda, Vilma Ripoll advirtió: “Este caso necesita resolución rápida. Hay que tener un familiar muerto por fentanilo para entenderlo”. Su compañero Christian Castillo consideró “llamativa” la negativa de Mayoraz y pidió explicaciones políticas: “Aparentemente todos queremos investigar algo de enorme gravedad”.
Pese a las trabas, la comisión de Peticiones avanzó con dos anteproyectos que difieren en el criterio de integración. Mientras Lospennato propuso ajustarse al reglamento con 31 miembros según el sistema D’Hont, Castillo reclamó garantizar lugares para bloques minoritarios como la izquierda.
En la discusión también participaron legisladores de Unión por la Patria y referentes como María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos, quien pidió una respuesta integral del Estado: “No se puede esperar a que las víctimas pidan ayuda. La asistencia debe ser inmediata”.
La oposición sospecha que el oficialismo busca evitar que la comisión se convierta en una plataforma de críticas a las falencias en los controles de medicamentos durante la actual gestión. La pulseada continuará en el recinto, donde la presión para investigar sigue creciendo.
ND