La medida del Gobierno que cambia el futuro de las pensiones

El Gobierno comunicó su decisión de interrumpir la auditoría que buscaba detectar irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, al mismo tiempo que avanza en la inspección interna sobre la intervenida Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida entra en vigor a instancias del ministro de Salud, Mario Lugones, asiduo visitante del despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, que sigue de cerca la situación de la entidad que dirigía Diego Spagnuolo.

De acuerdo con los números que se conocen al día de hoy, se dio de baja a un total de  128.667 beneficios que eran percibidos por personas que a las que el organismo le encontró alguna inconsistencia cuando inspeccionó su lejago.

De la auditoría gubernamental surgió que 110.522 estuvieron mal otorgadas por varios motivos –gente que presentó mismos estudios médicos para tramitar distintos beneficios-mientras que 8.107 seguían activas pese a que eran de personas fallecidas y 10.038 eran percibidas aunque sus beneficiarios habían renunciado a la ayuda. Así lo había anunciado tiempo atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Todo cambió a partir de la difusión de los audios de Spagnuolo. A partir de dicho escándalo se frenó la cancelación masiva de pensiones y se anunció que 120.000 casos que ya fueron dados de baja, serán estudiados en profundidad.  

Fuentes oficiales aseguran que “Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”. Mientras dure el proceso de reorganización del organismo, no se adoptará ningún temperamento sobre el 1.013.400 de beneficiarios que hoy por hoy siguen cobrando.

GZ