Bondarenko y Ortiz Valenzuela, bajo la lupa judicial por toma ilegal de terrenos

Primero fue la denuncia de una “confabulación” en la Policía bonaerense. Después, la Justicia civil de La Plata abrió un expediente por la ocupación irregular de terrenos en City Bell. En ambos escenarios se repite la misma dupla: Maximiliano Bondarenko, excomisario inspector y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, y Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, exjefe de la Policía Ecológica.

El 24 de julio, el Ministerio de Seguridad desafectó a 24 oficiales acusados de usar recursos del Estado para respaldar políticamente a Bondarenko y preparar un “golpe al comando institucional” que les asegurara cargos clave en la fuerza. La Auditoría de Asuntos Internos halló pruebas en equipos informáticos y chats. En el centro de la maniobra estaba la dirección que conducía Ortiz Valenzuela.

Uno de los episodios más llamativos fue un asado realizado el 11 de julio en la casa de Ortiz Valenzuela, con la participación de 24 policías. Según la denuncia, allí se coordinaron tareas a favor de LLA. Aunque la ministra Patricia Bullrich intentó relativizar el hecho, los oficiales fueron apartados.

Un día después, el ministro Javier Alonso amplió la denuncia: aseguró que los policías filtraban información a legisladores libertarios y habían montado una “consultora política” dentro de la fuerza. La investigación quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

En paralelo, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de La Plata tramita un expediente por usucapión que apunta a la ocupación de terrenos en City Bell, localidad de La Plata. Bondarenko y Ortiz Valenzuela construyeron viviendas linderas y compartieron una piscina. Ambos se presentaron como testigos en juicios cruzados, lo que refuerza la sospecha de coordinación ilegal.

Imágenes satelitales muestran que las construcciones comenzaron en 2015, pese a que declararon haber tomado posesión en 1990. Esa diferencia alimenta la hipótesis de falso testimonio. Los lotes pertenecían originalmente a Germán Agosti y Emilia Clementina Guala, y hoy son reclamados por sus herederos.

Así, dos expedientes distintos -uno penal y otro civil- avanzan sobre los mismos nombres. Una alianza entre política y policía que combina intrigas internas con disputas por la tierra.