
El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump ha dejado un saldo alarmante: 14 migrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El dato reaviva el debate sobre las condiciones de detención y la falta de supervisión en los centros de reclusión de migrantes.
Entre los fallecidos se encuentran tres mexicanos, lo que ha provocado reacciones de preocupación en México y en organizaciones de derechos humanos. Los familiares de las víctimas denuncian negligencia, malos tratos y deficiencias médicas en los centros donde sus seres queridos fueron retenidos.
El último deceso registrado fue el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, un migrante mexicano de 32 años que murió el 31 de agosto de 2025 en el Central Arizona Correctional Complex, en Florence, Arizona. Aunque las autoridades han iniciado una investigación, la causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada, lo que genera dudas y críticas sobre la transparencia de los procesos.
El gobierno de México ha exigido información detallada y acceso a los expedientes, subrayando la obligación del Estado estadounidense de garantizar la integridad física de las personas bajo su custodia. Sin embargo, ICE ha mantenido una postura hermética, limitándose a confirmar el fallecimiento e iniciar procedimientos internos.
Las cifras muestran que las muertes en detención no son hechos aislados. Desde 2019, al menos 69 migrantes han perdido la vida bajo custodia del ICE, lo que refleja una problemática estructural en el sistema de detención migratoria. Defensores de derechos humanos han calificado esta situación como una “crisis humanitaria encubierta”.
En 2025, la tendencia ha sido particularmente grave: para junio ya se contabilizaban 11 decesos, cifra que se incrementó con el paso de los meses. Este aumento coincide con el refuerzo de las redadas y la ampliación de contratos con cárceles privadas para albergar a miles de migrantes detenidos.
La administración Trump ha defendido sus políticas, argumentando que las detenciones son necesarias para garantizar la seguridad nacional y frenar la inmigración irregular. Según sus portavoces, los fallecimientos se deben a causas médicas previas o incidentes inevitables. No obstante, los críticos sostienen que el hacinamiento, la falta de atención médica y la violencia institucional son factores determinantes.
Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han pedido al Congreso investigar a fondo estos casos y exigir rendición de cuentas al ICE. También han solicitado que se reduzca la dependencia de centros de detención privados, considerados más opacos y con mayores deficiencias.
El impacto ha sido particularmente fuerte en México, donde se han identificado tres de los fallecidos. La Cancillería mexicana ha emitido notas diplomáticas y ha reforzado la asistencia consular, aunque reconoce limitaciones para garantizar condiciones dignas a sus connacionales en territorio estadounidense.
Otros países de Centroamérica también han expresado inquietud, ya que la mayoría de los fallecidos provienen de esta región. Gobiernos y ONG regionales coinciden en que la criminalización de la migración bajo la administración Trump ha elevado los riesgos para quienes buscan cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.
Las muertes bajo custodia no son un fenómeno nuevo, pero su repunte bajo Trump ha sido notorio. Durante administraciones anteriores también se registraron casos, aunque en menor número. El contraste ha servido para intensificar las críticas de que la política migratoria actual prioriza la represión sobre los derechos humanos.
Expertos en migración señalan que esta situación se inscribe en una lógica de disuasión mediante el sufrimiento, donde las condiciones adversas en detención buscan desalentar nuevos flujos migratorios. Sin embargo, la evidencia muestra que el fenómeno migratorio responde a causas estructurales más profundas que no se resuelven con medidas punitivas.
To call for beheading officers is unhinged behavior.
— Homeland Security (@DHSgov) September 5, 2025
The men and women of ICE put their lives on the line every day to arrest violent criminal illegal aliens. Politicians and activists must turn the temperature down and tone down their rhetoric. pic.twitter.com/79uon9tWtY
La muerte de 14 migrantes en menos de un año bajo custodia del ICE representa un recordatorio brutal de las tensiones entre seguridad nacional y derechos humanos. El hermetismo de las autoridades estadounidenses no solo mina la confianza internacional, sino que refuerza la percepción de que el costo humano de la política migratoria actual es inaceptable.
De cara al futuro, el desafío radica en equilibrar el control fronterizo con el respeto a la vida y la dignidad de los migrantes. Mientras no se produzca un giro estructural en la gestión migratoria, las muertes seguirán siendo la cara más trágica de un sistema en crisis.