
Lo que comenzó como una denuncia alarmante en torno al recorte de asistencia alimentaria a comedores populares bajo el argumento de que “no existían” la mitad, hoy se desinfló.
El Ministerio de Capital Humano, en un documento entregado a la diputada Natalia Zaracho tras un pedido de acceso público, reconoció que no existió ninguna auditoría formal. Lo que hubo fueron simples “supervisiones y verificaciones territoriales”, sin sustento metodológico legal como establece la Ley 24.156.
Este reconocimiento cierra el círculo de una política alimentaria cuestionada desde sus inicios: el Gobierno suspendió la entrega de alimentos, dejando toneladas vencidas en depósitos, basándose en una presunta auditoría que ni siquiera existió.
La narrativa fue instalada con fuerza por algunos medios. El periodista de TN, Manu Jove, quedó recientemente en el centro de la polémica, ya que oportunamente difundió la idea de los “comedores fantasmas”, alimentando el relato oficial y legitimando la suspensión de asistencia.
Al respecto, la diputada Vanina Biasi fue tajante en sus redes: “Al final, el que les sacaba (literal) la comida de la boca a los más pobres era Manu Jove y sus oportunas operaciones…”. Y agregó: “Los trabajadores deben tener herramientas para distinguir entre periodista y operador”.
Al final el que les sacaba (literal) la comida de la boca a los más pobres era @manujove y sus oportunas operaciones y no los piqueteros, a los que él difamaba.
— Vanina Biasi (@vaninabiasi) September 5, 2025
Yo no creo en la judicialización de los temas y tampoco creo que la gente deshonesta pida disculpas. En lo que si creo… https://t.co/xlO1ATYqcM pic.twitter.com/sKyzpjdxCI
Desde mayo de 2024, organizaciones sociales denunciaron irregularidades en los relevamientos del Ministerio administrado por Sandra Pettovello.
Durante el mismo, se inspeccionaron apenas 2.193 espacios, lo que representa solo el 6% del total de más de 35.000 comedores registrados en el RENACOM.
De esos, se confirmó que muchos están cerrados, tienen direcciones erróneas o nunca fueron comedores; pero también, muchos funcionan plenamente.
El exdiputado Leonardo Grosso demostró que el comedor “El Principito” funciona normalmente, a pesar de haber sido denunciado como inexistente. Por su parte, organizaciones como La Poderosa denunciaron que el relevamiento efectuado fue meramente documental, sin visitas presenciales.
El falso argumento cobró una dimensión aún más grave cuando se descubrió que millones de kilos de alimentos comprados por el Gobierno anterior estaban almacenados y cercanos a vencer en depósitos del Ministerio sin ser distribuidos: el denominado “escándalo de los alimentos”.
El caso lejos de reducirse a un error administrativo es un ejemplo de cómo la fabricación del argumento político puede tener consecuencias destructivas para quienes menos pueden pagar el desastre. La falsedad se repitió en operaciones mediáticas y el derecho humano más básico como la comida, en una mentira política para recortar y cumplir con el cuadro de excel