
Haití atraviesa una emergencia educativa sin precedentes. La violencia de grupos armados, la destrucción de infraestructura y el abandono estatal han dejado a más de un millón de niños y niñas sin acceso a la educación. Lo que debería ser un espacio de aprendizaje se ha transformado en refugio de desplazados, con cientos de escuelas tomadas o destruidas en los últimos meses.
La crisis no es solo coyuntural. Décadas de debilidad estructural y privatización del sistema escolar han reducido la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación. Hoy, la mayoría de los centros dependen de iniciativas privadas, religiosas o comunitarias, lo que profundiza desigualdades y excluye a quienes no pueden pagar. La situación actual refleja un Estado colapsado y una población infantil atrapada en una espiral de vulnerabilidad.
En lo que va del último año, más de 900 escuelas cerraron sus puertas en Haití. Muchas han sido destruidas, confiscadas por bandas armadas o convertidas en improvisados refugios. Esta realidad priva a miles de estudiantes de clases, interrumpe trayectorias escolares y multiplica el riesgo de reclutamiento forzoso, violencia sexual y explotación.
Las provincias más afectadas son aquellas donde la violencia se ha intensificado con mayor fuerza. En comunidades enteras, los niños han pasado de las aulas a los campamentos de desplazados, enfrentando condiciones de hacinamiento, hambre y ausencia de atención médica. La escuela, que debía ofrecer seguridad y futuro, se ha convertido en un símbolo del colapso social.
El impacto humano de esta crisis es profundo. Haití ya enfrenta niveles alarmantes de desnutrición infantil y ahora suma el quiebre del sistema educativo. Sin clases, sin alimentos regulares y expuestos a la violencia, los niños y niñas quedan a merced de un presente sin garantías y de un futuro marcado por la exclusión. Las organizaciones humanitarias alertan que la niñez haitiana enfrenta un riesgo de pérdida generacional difícil de revertir.
A ello se suma la falta de recursos estatales para revertir la situación. La ausencia de inversión en infraestructura y en formación docente agrava un panorama que ya era crítico mucho antes del repunte de la violencia. La niñez haitiana paga hoy el precio de décadas de políticas insuficientes.
Frente al colapso institucional, las comunidades y organizaciones locales despliegan estrategias de resistencia. Redes como REPT-Haití y grupos aliados a nivel regional promueven campañas por el derecho a la educación gratuita y pública. También se han abierto iniciativas de apoyo psicosocial y distribución de kits escolares, impulsadas por organismos internacionales.
Aunque insuficientes, estas respuestas comunitarias mantienen viva la esperanza. En medio del caos, maestros, familias y activistas se organizan para que los niños no pierdan totalmente el contacto con el aprendizaje. Esa resiliencia es el contrapeso frente al vacío estatal.
La crisis educativa de Haití no puede analizarse aislada: es el reflejo de un Estado debilitado, una sociedad golpeada por la violencia y un modelo económico desigual. Los niños y niñas que hoy no pueden asistir a clases son la prueba más evidente de un colapso sistémico.
La respuesta no debe limitarse a medidas de emergencia: requiere un compromiso internacional de financiamiento, protección y reconstrucción institucional. Sin educación, Haití no solo pierde aulas, pierde también el futuro de toda una generación.