
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, atraviesa el momento más delicado de su gestión. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa recomendó levantarle el fuero presidencial para que pueda ser juzgado por presunta concusión, un delito que implica el uso del poder para obtener beneficios indebidos. La acusación lo vincula con contratos irregulares gestionados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para favorecer a un asesor cercano.
El caso marca un hito en la historia política costarricense: nunca antes un mandatario en ejercicio había enfrentado un proceso de desafuero formal. De prosperar en el plenario legislativo, Chaves podría comparecer ante los tribunales antes de finalizar su mandato, debilitando aún más a un gobierno ya golpeado por tensiones internas y cuestionamientos éticos.
La Fiscalía sostiene que Chaves utilizó su posición para garantizar beneficios económicos a un colaborador, un hecho que constituye un abuso de poder y compromete la transparencia del Ejecutivo. Legisladoras como Andrea Álvarez (PLN) y Rocío Alfaro (Frente Amplio) señalaron que existen pruebas suficientes para que el presidente enfrente a la justicia, subrayando que el caso no responde a motivaciones políticas sino a hechos concretos.
La acusación golpea directamente la narrativa anticorrupción que Chaves utilizó para construir su imagen pública. En lugar de ser el reformador que prometió limpiar la política, el presidente se encuentra ahora señalado por prácticas que él mismo criticó en sus adversarios.
Chaves rechazó de manera categórica las acusaciones, calificándolas como parte de un “golpe judicial” promovido por la Fiscalía y la Corte Suprema. Según su versión, se trata de un intento de desestabilizar su gobierno a través de maniobras políticas encubiertas bajo procesos judiciales. Sin embargo, este discurso victimista no logra ocultar la magnitud del escándalo ni las dudas crecientes sobre la integridad de su administración.
El mandatario insiste en que no cometió ningún delito, pero su estrategia de confrontación con otros poderes del Estado aumenta la polarización y agrava la crisis institucional que vive el país.
La decisión final recaerá en el plenario legislativo, que deberá votar en las próximas semanas si levanta o no la inmunidad presidencial. Si prospera el desafuero, el proceso abriría un precedente inédito en Costa Rica, demostrando que ningún cargo está por encima de la ley.
El desenlace marcará el futuro político inmediato de Chaves y pondrá a prueba la solidez institucional del país. Lo que está en juego no es solo la suerte de un presidente, sino la credibilidad del sistema democrático costarricense frente a la corrupción.
#HCHInternacionales | La comisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó este viernes al Congreso el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, para que enfrente el delito de concusión por la contratación, aparentemente a la medida.
— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 5, 2025
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Rodrigo Chaves se encuentra acorralado por un caso que pone en entredicho su legitimidad. Lejos de consolidar un liderazgo ético, aparece vinculado a prácticas de corrupción que socavan la confianza ciudadana.
Si el desafuero prospera, el mensaje será claro: la justicia costarricense está dispuesta a actuar incluso contra el jefe de Estado. Y si no, quedará la sombra de la impunidad, debilitando aún más la ya deteriorada imagen del mandatario.