
La conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA), bajo las directivas de Jorge Campos hace 40 años, enfrenta una seguidilla de denuncias: elecciones opacas sin conteo de votos, avaladas por un veedor del Ministerio de Trabajo, persecución gremial, represión interna, falta de memoria y denuncias por fraude electoral que evidencian un modelo de poder sindical sin control.
El sábado 6 de septiembre, en la sede del gremio en Villa Warcalde, Córdoba, más de 1.000 afiliados participaron de una asamblea para aprobar memoria, balance y elegir a la Junta Electoral.
En ese momento, la figura de Nicolás Pacheco -quien se presentó como veedor de la Secretaría de Trabajo- proclamó en forma sorpresiva que “la moción número uno” había ganado, sin contar ni verificar los votos, lo que dejó oficialmente el órgano electoral en manos del oficialismo.
La polémica estalló cuando el representante del Ministerio de Trabajo, identificado como Nicolás Pacheco, avaló la moción impulsada por el oficialismo sin contabilizar los votos y “a ojo”, proclamando que había triunfado la lista que se llevaba todos los cargos de la junta electoral.
Este accionar dejó fuera de juego a las minorías y opositores internos, que reclamaban un reparto más equilibrado de la representación. Según testigos, la decisión generó un fuerte malestar entre los afiliados que veían en la asamblea una oportunidad para cuestionar la hegemonía de la actual conducción.
El secretario general Jorge Campos, al frente de SUTIAGA Córdoba desde hace más de 40 años, volvió a quedar en el centro de la escena. Su figura encarna, para muchos trabajadores, la “casta sindical” que se niega a renovar liderazgos y mantiene prácticas que limitan la participación democrática dentro de los gremios.
Desde los años '90, se denunció que la conducción de Campos no presenta memoria ni balance: una flagrante violación a la ley sindical que impide el control de sus finanzas y decisiones internas.
En agosto de 2025, trabajadores de Coca-Cola Andina en Córdoba denunciaron despidos arbitrarios de cinco empleados (cuatro con actividad gremial), en plena campaña por delegados.
Un despedido afirmó que “buscan meter miedo para que nadie participe de las elecciones”. También cuestionaron que la conducción de SUTIAGA levantara unilateralmente una medida de fuerza votada por asamblea.
La maniobra llevada a cabo este sábado en la elección fraudulenta y apañada por el Ministerio de Trabajo refuerza las críticas hacia un modelo sindical concentrado en liderazgos históricos, donde las reglas de juego terminan inclinándose siempre a favor de la conducción oficialista y no de los trabajadores que dicen representar.
La definición de la junta electoral es un paso determinante hacia la elección de autoridades en el gremio. Al quedar conformada íntegramente por representantes del oficialismo, se abre un interrogante sobre la transparencia y legitimidad del proceso que se avecina.
El aval del Ministerio de Trabajo, lejos de despejar dudas, las multiplicó: el rol del funcionario Pacheco dejó la sensación de un acompañamiento institucional a la continuidad del oficialismo en el sindicato.