El juez que apañó a Karina Milei con los audios de la corrupción recibió viajes gratis

El juez federal Alejandro Maraniello acumula dolores de cabeza. Una presentación que realizaron diputados de la Coalición Cívica ante el Concejo de la Magistratura con el patrocinio de Elisa Carrió, pide que se investigue una posible conexión entre el magistrado y el laboratorio HLB Pharma, que quedó en el ojo de la tormenta por el fentanilo contaminado, responsable de un centenar de muertes en todo el país.

De acuerdo con la denuncia, Ariel García Furfaro -actualmente detenido- habría pagado varios viajes que el juez realizó a Estados Unidos, pero la conexión no terminaría allí. El empresario privado de su libertad sería benefactor de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) que preside Maraniello, algo "incompatible con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece".

La denuncia ofrece nombres y apellidos de integrantes de la Asociación de Justicia Constitucional. Menciona al concejero Alberto Lugones y a dos camaristas del fuero civil y comercial: Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Gottardi, miembros del tribunal de alzada que revisa las decisiones de Maraniello.

En el escrito de la Coalición Cívica puede leerse: “Estamos frente a un magistrado que violó su deber de imparcialidad, abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos y menoscabó la confianza pública en la Justicia”, expresaron los dirigentes de la Coalición Cívica.

La principal crítica recae sobre la decisión de Maraniello en la causa “Karina Milei s/medidas cautelares”. El juez ordenó la censura sobre las grabaciones, lo cuál para los denunciantes “implica lisa y llanamente censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.

Pero Maraniello tiene, además, otros motivos para preocuparse. Actualmente está siendo investigado en cinco expedientes por abuso moral, sexual y violencia de género. Las denuncias fueron realizadas por personal de su juzgado ante el Consejo de la Magistratura y ante la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal.

GZ