
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encendió la polémica con unas declaraciones contundentes sobre la lucha antidrogas. En un mensaje publicado en la red X, afirmó que “matar a los miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mejor y más alto uso de nuestro Ejército”. La frase se produjo tras un operativo militar en el Caribe en el que murieron once presuntos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
La declaración fue interpretada por sus críticos como un aval abierto a ejecuciones extrajudiciales, sin procesos judiciales ni garantías mínimas. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que este tipo de mensajes socavan el derecho internacional y refuerzan una política de militarización extrema en la lucha contra el narcotráfico.
Lejos de retractarse, Vance redobló la apuesta al ser cuestionado por analistas y opositores. Ante las acusaciones de estar promoviendo crímenes de guerra, respondió de forma tajante: “No me importa cómo lo llamen”. Con ello, dejó claro que su prioridad es enviar un mensaje de firmeza frente a las organizaciones criminales, aun a costa de vulnerar los marcos legales tradicionales.
La estrategia refleja un cambio radical en el discurso oficial, ya que por primera vez desde la Guerra Fría un alto funcionario estadounidense justifica abiertamente el uso del Ejército para eliminar objetivos criminales fuera del país sin mecanismos judiciales. Para Vance, se trata de una forma directa de proteger a los ciudadanos de la crisis del fentanilo y otras drogas que cada año provocan decenas de miles de muertes en EE.UU.
En el plano doméstico, sectores conservadores celebraron el mensaje como una muestra de determinación frente al narcotráfico, mientras que legisladores demócratas denunciaron que la postura de Vance equivale a normalizar la violencia estatal. El debate se polarizó entre quienes ven una herramienta legítima de defensa nacional y quienes alertan sobre el precedente que puede abrirse para futuras intervenciones militares.
A nivel internacional, gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos justifique operaciones unilaterales en sus territorios bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Para muchos, la retórica de Vance puede convertirse en una amenaza directa a la soberanía regional.
Killing cartel members who poison our fellow citizens is the highest and best use of our military.
— JD Vance (@JDVance) September 6, 2025
Las palabras de JD Vance marcan un punto de inflexión en la política antidrogas estadounidense. Su visión no contempla matices legales ni diplomáticos: propone el uso de la fuerza letal como vía central para enfrentar a los carteles. El impacto inmediato es la polarización del debate interno y el riesgo de tensiones diplomáticas externas.
Con su declaración, el vicepresidente instala un dilema profundo: ¿es la seguridad nacional excusa suficiente para reconfigurar los límites del poder militar? La respuesta definirá no solo el rumbo de la política antidrogas, sino también el respeto de Estados Unidos a las normas internacionales.