
Nepal atraviesa una de las crisis políticas y sociales más profundas de su reciente historia. El jueves 4 de septiembre de 2025, el gobierno bloqueó 26 plataformas de redes sociales -entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp, X, YouTube y Snapchat- por no haberse registrado bajo una nueva regulación. La medida fue presentada como un intento de controlar la desinformación, pero para gran parte de la ciudadanía representó un ataque directo a la libertad de expresión.
El descontento juvenil se venía gestando desde hace años. En 2023, Nepal había prohibido TikTok, y aunque la restricción fue revertida, dejó en claro una tendencia creciente hacia la censura digital. El bloqueo total de 2025 encendió la mecha.
Miles de jóvenes de la Generación Z salieron a las calles el lunes 8 de septiembre. Lo que comenzó como un reclamo por la libertad digital se transformó en una movilización contra la corrupción, el nepotismo y la falta de transparencia en el sistema político. Bajo el nombre de “Gen Z Uprising”, la protesta se convirtió en un grito generacional contra una élite política que consideran desconectada de la realidad cotidiana.
Un estudiante de 21 años declaró: “Nos quitaron la única herramienta que teníamos para expresarnos y organizarnos. No queremos crecer en un país donde el silencio es obligatorio”.
El primer ministro K. P. Sharma Oli defendió la medida y sostuvo que era necesaria para garantizar la “armonía social”. Sin embargo, para los manifestantes, se trató de una muestra más del autoritarismo de un gobierno que ya venía acumulando críticas por su ineficiencia y la falta de oportunidades para los jóvenes.
“Se esconden detrás del discurso del orden, pero en realidad lo que buscan es controlarnos”, afirmó una joven diseñadora de Katmandú que participaba en la marcha.
Los reclamos de la Generación Z se resumen en cuatro grandes puntos:
Restauración inmediata del acceso a las redes sociales y garantías de libertad digital.
Reformas contra la corrupción y el nepotismo, especialmente en la política y el acceso a empleos públicos.
Respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Mayor representación juvenil en la vida política, con espacios reales de participación en la toma de decisiones.
Un manifiesto difundido por los propios jóvenes advertía: “No pedimos privilegios, pedimos futuro. Queremos un país donde las decisiones no se tomen en favor de unos pocos apellidos, sino en nombre de todos”.
El lunes 8 de septiembre, la tensión escaló cuando manifestantes intentaron ingresar al Parlamento en Katmandú. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma e incluso munición real. El saldo fue devastador: al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos.
El gobierno impuso toques de queda, desplegó al ejército y bloqueó a varios medios de comunicación. La renuncia del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, no aplacó la indignación.
“Ya no se trata solo de las redes sociales”, expresó un activista de la ONG Hami Nepal. “Es sobre si vamos a vivir en un país libre o en uno donde cada palabra se castiga”.
Este levantamiento juvenil simboliza el choque entre una generación conectada, global y crítica, y un sistema político que todavía arrastra prácticas feudales y autoritarias. La comunidad internacional observa con preocupación mientras Nepal enfrenta una encrucijada histórica: ceder a la represión o abrir paso a un futuro más democrático y transparente. La dependencia del internet (94% usa YouTube; 92% usa Facebook) generó un fuerte rechazo hacia la medida.
Además, expertos advierten que esta crisis puede dañar la imagen internacional de Nepal, dificultar la llegada de inversión extranjera directa (FDi) y complicar su transición fuera de la categoría de país menos desarrollado (LDC) en 2026.
Organismos como el Committee to Protect Journalists condenaron el bloqueo, mientras el movimiento observaba con atención la cobertura internacional, la cual lo consideró como una manifestación emblemática por la democracia digital y los derechos civiles.