
La situación judicial de Facundo Uribe, detenido en Mar del Plata acusado de explotar sexualmente a mujeres en un complejo habitacional del SOIP, se agravó en los últimos días. Al rechazo de la excarcelación dispuesto por la Justicia de Garantías la semana pasada se sumó ahora una nueva imputación: durante las pericias a los dispositivos secuestrados en su vivienda se encontraron más de 200 archivos de abuso sexual infantil.
El hallazgo se produjo en un pendrive conectado a un televisor de 75 pulgadas en uno de los departamentos allanados. Según fuentes judiciales, el material no corresponde a producción local sino que habría sido adquirido o intercambiado en internet. “Aún resta analizar el celular y la computadora, pero ya se le imputa la tenencia de esos elementos”, confirmaron voceros del caso, quienes adelantaron que el imputado será trasladado desde la Unidad Penal de Batán a Tribunales para ampliar su declaración.
La investigación, encabezada por el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, también incorporó nuevas declaraciones testimoniales. Una víctima que no había podido ser localizada se presentó ante la Justicia y ratificó la mecánica denunciada: captación a partir del consumo problemático de drogas, sometimiento a explotación sexual, castigos físicos y extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con los informes oficiales del Ministerio de Justicia provincial remitidos a la fiscal Graciela Trill, el cuadro de violencia y sometimiento quedó acreditado. Testimonios señalaron laceraciones, quemaduras en la muñeca y tatuajes forzados con la letra “F” o “FU” en distintas partes del cuerpo de las mujeres, desde la pelvis hasta la oreja. También se registraron pérdidas de piezas dentales como consecuencia de agresiones físicas, según publicó el sitio 0223.
En paralelo, filmaciones obtenidas por la policía documentaron el movimiento de las víctimas en la camioneta Volkswagen Amarok de Uribe, vehículo que fue secuestrado en el operativo. Las imágenes mostraron el ingreso y salida de mujeres a los departamentos, la desconexión de la luz roja en cada encuentro con clientes y los traslados a hoteles alojamiento y domicilios particulares.
La investigación se originó a partir de un llamado al 911 realizado el 11 de julio pasado, que alertó sobre la explotación sexual de tres mujeres en dos departamentos del monoblock 21. Desde entonces, la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó operativos que permitieron reunir pruebas y avanzar en la imputación.
Con las nuevas evidencias incorporadas, la causa contra Uribe ya no se limita a la facilitación de la prostitución, sino que incluye cargos por explotación sexual agravada, violencia física y psicológica, y tenencia de material de abuso sexual infantil, configurando