
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su alianza con China, impulsando una expansión acelerada de proyectos económicos que abarcan desde la infraestructura hasta la minería. En un escenario marcado por sanciones internacionales y aislamiento diplomático, el régimen ha encontrado en Beijing un socio dispuesto a invertir sin exigir condiciones políticas o democráticas.
Los acuerdos firmados en los últimos meses evidencian una dependencia creciente hacia capitales chinos. Empresas de ese país han asumido el control de carreteras, proyectos energéticos y modernización portuaria, consolidando un esquema en el que la transparencia y la competencia quedan relegadas frente a la urgencia de consolidar respaldo económico y político.
Uno de los sectores más beneficiados por este acercamiento es el de las obras de infraestructura, donde compañías chinas se han adjudicado contratos de gran envergadura sin procesos de licitación abiertos. El avance se replica en el sector energético, con inversiones en proyectos de generación y transmisión que fortalecen la presencia tecnológica de Beijing en el país.
El régimen presenta estas iniciativas como ejemplos de desarrollo y modernización, aunque organizaciones independientes cuestionan la falta de información pública y los posibles compromisos financieros ocultos. La opacidad, aseguran, abre la puerta a un endeudamiento estructural que compromete la autonomía económica nicaragüense.
La minería constituye otro de los ejes de la expansión. Empresas chinas han obtenido concesiones extractivas en zonas estratégicas, lo que ha generado tensiones con comunidades locales que denuncian despojo de tierras y daños ambientales. La falta de consulta previa es señalada como una constante en estos procesos.
En paralelo, Beijing ha incrementado su participación en el ámbito de las telecomunicaciones, dotando al gobierno de Ortega de nuevas herramientas para modernizar la infraestructura digital. No obstante, expertos advierten que este control tecnológico puede ser utilizado para reforzar mecanismos de vigilancia política interna.
El fortalecimiento de los lazos con China tiene una dimensión claramente geopolítica. Frente al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, Ortega y Murillo han encontrado en Beijing un aliado que no cuestiona la deriva autoritaria del régimen. La entrada de capital chino se convierte así en una herramienta de resistencia frente a la presión internacional.
Sin embargo, esta apuesta también incrementa la dependencia de Nicaragua hacia un único actor global. La balanza comercial, cada vez más inclinada hacia las importaciones chinas, refleja un vínculo asimétrico que podría comprometer la sostenibilidad económica del país en el mediano plazo.
Más allá de los beneficios económicos inmediatos, las comunidades locales denuncian que los proyectos avanzan sin diálogo ni consulta. Casos de desplazamiento, daños ambientales y pérdida de territorios se repiten en distintas regiones, profundizando la conflictividad social en un país donde los espacios de protesta están fuertemente controlados.
La narrativa oficial presenta estos emprendimientos como símbolos de progreso, pero en la práctica refuerzan un modelo en el que el poder político y económico se concentra en torno al círculo gobernante y sus socios extranjeros. Esta dinámica genera resistencias internas que podrían escalar en los próximos años.
🎥 La nueva Procuraduría General de Justicia ejecutó su primera expropiación masiva: más de 176 hectáreas arrebatadas en El Realejo, Chinandega.
— Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) September 8, 2025
Doce familias quedaron sin tierras, sin defensa y sin compensación. En #Nicaragua, nadie está a salvo pic.twitter.com/aMklAigItX
La acelerada expansión de los negocios chinos en Nicaragua confirma la estrategia de Ortega y Murillo de blindarse ante el aislamiento internacional mediante alianzas con potencias no democráticas. Aunque en el corto plazo estas inversiones ofrecen oxígeno financiero, en el largo plazo colocan al país en una relación de fuerte dependencia.
La apuesta por Beijing refleja un patrón regional donde gobiernos cuestionados encuentran en China un socio estratégico que no exige reformas políticas. Sin embargo, la falta de transparencia y los efectos sociales y ambientales de los proyectos sugieren que los costos podrían superar con creces los beneficios proclamados.