Rescataron a 31 trabajadores rurales en Santa Fe: investigan una red de trata laboral

Tras un operativo en campos de la provincia de Santa Fe se logró rescatar a 31 trabajadores rurales que se encontraban en condiciones de extrema precariedad, lo que motivó una investigación por el presunto delito de trata laboral. El caso se inició a principios de septiembre, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) realizaron un procedimiento en el establecimiento “Santa Ana”, en la localidad de Pozo Borrado, cercana al límite con Santiago del Estero.

En un primer momento, se identificó a 15 trabajadores, entre ellos dos adolescentes de 17 años, que realizaban tareas de desmalezamiento y vivían en campamentos improvisados, bajo toldos de nylon, sin agua potable ni baños. Los trabajadores, oriundos de la localidad santiagueña de Los Juríes, relataron que trabajaban de lunes a lunes, en jornadas de diez horas, con un salario de $300 mil por quincena, al que se le descontaba el valor de la comida.

La investigación, a cargo del fiscal Gustavo Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, en la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, reveló que los trabajadores “no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados”.

Tras un allanamiento en los establecimientos rurales “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde se encontraron a otro grupo de trabajadores en condiciones similares, la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe logró rescatar a las 31 víctimas.

De inmediato se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la Municipalidad de Tostado, que articularon medidas de contención para brindarles alojamiento y alimentación a las víctimas. Asimismo, el Programa de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación se sumó al caso, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que se encargó de realizar entrevistas a los damnificados.