
La empresa Verisure, dedicada a la instalación y monitoreo de sistemas de alarmas, atraviesa un escándalo en Argentina tras la aparición de múltiples denuncias por estafa y sobrefacturación. Según testimonios, la compañía promociona precios accesibles en sus contratos, pero luego factura montos millonarios y se resiste a dar de baja los servicios cuando los clientes intentan cancelarlos.
“Me dijeron que iba a pagar 240 mil pesos por la instalación y 60 mil pesos por mes. Pero en la factura me llegó un monto de 4 millones y más de 1 millón mensual. No lo podía creer”, relató el CEO de una empresa que presentó cartas documento y participó de audiencias de mediación contra Verisure.
Además de los costos, los denunciantes señalan problemas técnicos graves: la necesidad de activar y desactivar 17 paneles por separado, manejar más de 17 juegos de llaves y convivir con entre 20 y 25 falsas alarmas diarias, lo que derivaba en llamados constantes de la central de monitoreo.
El denunciante aseguró que, pese a los reclamos presentados a vendedores, gerentes e incluso a la propia CEO de Verisure Argentina, Florencia Tsuji, “se nos ríen en la cara”. Según su testimonio, “dar de baja la instalación llevó meses. No les importa el usuario. Son estafadores”.
Incluso el estudio de abogados de la compañía, DLA Piper, reconoció que Verisure no se hace cargo de los problemas planteados y tampoco muestra interés en resolverlos.
Lo ocurrido no sería un caso aislado. En los perfiles oficiales de la empresa en redes sociales abundan quejas de clientes que aseguran haber sido estafados o que denuncian la imposibilidad de dar de baja el servicio. Algunos apuntan a la ineficiencia del monitoreo, asegurando que ni siquiera detectaron robos en curso.
En una de las publicaciones recientes, una usuaria escribió: “No vieron que le estaban robando, cero monitoreo, todo mentira”. Desde la empresa respondieron insólitamente negando fallas en el sistema y reafirmando su “compromiso con la seguridad y la transparencia”.
En otro caso, un cliente denunció que lleva más de un mes intentando cancelar el contrato sin éxito. Verisure respondió que la baja no puede gestionarse por redes sociales y derivó el trámite a un 0800.
Las quejas abundan en redes sociales y en sitios especializados. En tuquejasuma.com, un usuario resumió la experiencia con un título contundente: “Me estafaron de Verisure Alarmas”. Allí detalló que la empresa le realizó cobros indebidos, le negó la cancelación del servicio y lo derivó repetidamente a un 0800 sin solución.
El conflicto no quedó solo en el plano administrativo. Según confirmó el denunciante, se inició una causa penal contra Verisure por presunta estafa y prácticas comerciales abusivas. La presentación judicial incluye documentación respaldatoria, cartas documento y testimonios de afectados que dan cuenta de un modus operandi sistemático.
El expediente ya fue radicado en sede judicial y se espera que avance en los próximos meses con nuevas citaciones y posibles imputaciones.
La CEO en Argentina es Florencia Mariko Tsuji, designada en noviembre de 2023 como Managing Director tras casi ocho años en la empresa, donde había desarrollado su carrera en Chile en áreas como Finanzas, Marketing y Planificación Estratégica. Es licenciada en Administración de Empresas por la UBA y diplomada en Gestión Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñe.
Pero su pasado contrasta fuertemente con el presente de la compañía, en donde las denuncias de abuso y falta de transparencia crecen todos los días. Clientes aseguran que, ante la escalada de sobrefacturación y obstáculos para rescindir contratos, ver difícil que una conducción enfocada en “cuidar personas” esté dirigida por una ejecutiva que no responde al reclamo de sus usuarios.
El caso Verisure abre un debate más amplio sobre la falta de controles en el sector de seguridad privada en la Argentina. El denunciante advierte que, mientras el Estado exige regulaciones estrictas a pymes y comercios, compañías internacionales como esta operan sin mecanismos de fiscalización efectivos, generando situaciones que derivan en denuncias por estafa.
La causa ya cuenta con cartas documento y podría escalar a instancias judiciales. Los usuarios afectados reclaman que se frenen estas prácticas abusivas y que se garantice un marco regulatorio más estricto para empresas que ofrecen servicios vinculados directamente con la seguridad ciudadana.