
La medida fue formalizada mediante el Decreto 647/2025, publicado este miércoles, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa impulsada por la oposición y respaldada por el sistema universitario.
El proyecto establecía partidas específicas para sostener la educación superior, garantizar mejoras salariales a docentes y no docentes, ampliar la infraestructura y actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación. Su objetivo era blindar el financiamiento de la universidad pública y consolidar políticas de inclusión y bienestar estudiantil.
Desde el Gobierno justificaron la objeción total en la necesidad de mantener el control del gasto público y evitar lo que consideran “intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo” para administrar recursos.
La decisión, sin embargo, abre una nueva escalada en el conflicto con el sector universitario, que desde hace meses viene denunciando recortes presupuestarios, y también con la oposición parlamentaria, que había celebrado la aprobación de la norma como un paso clave en defensa de la educación pública.
ND