España vive un nuevo repunte migratorio y la ultraderecha presiona con deportaciones

España atraviesa un nuevo repunte migratorio que está siendo capitalizado políticamente por los sectores de derecha y ultraderecha. En 2024 llegaron al país casi 64.000 personas de manera irregular, un aumento superior al 12% respecto al año anterior y muy cerca del récord histórico de 2018. El principal foco fue Canarias, con más de 46.000 arribos, aunque en 2025 se ha observado un descenso en el total de llegadas, acompañado por un repunte en rutas como la argelina hacia Baleares.

Las medidas y declaraciones no tardaron en generar reacciones. En las últimas semanas se organizaron marchas multitudinarias en varias ciudades españolas, convocadas por colectivos sociales, sindicatos y organizaciones defensoras de los migrantes. Bajo consignas como “Ninguna persona es ilegal” y “Derechos para todos”, miles de personas salieron a la calle para repudiar los discursos xenófobos y exigir políticas de integración más justas. En algunos casos, las manifestaciones terminaron con incidentes menores debido a la presencia de grupos de extrema derecha que intentaron boicotearlas.

Manifestación contra el racismo en la capital de Murcia, el 21 de julio de 2025, días después de la “cacería” contra migrantes en Torre Pacheco. 

En este contexto, partidos de ultraderecha han intensificado su discurso vinculando inmigración con delincuencia e inseguridad. Han propuesto deportaciones masivas, incluso de personas con nacionalidad española, una idea que resulta legalmente inviable pero que alimenta el clima de tensión social. Esta narrativa se apoya en teorías conspirativas como la del “gran reemplazo” y ha derivado en episodios de violencia y hostigamiento contra comunidades migrantes en distintas ciudades.

El Partido Popular, históricamente más moderado en esta materia, también ha endurecido su posición, empujado por la presión de la extrema derecha y el clima de polarización. Esto ha generado divisiones internas y un viraje hacia posturas más restrictivas, que buscan dar respuesta al malestar social pero a costa de tensar aún más el debate político.

Un ejemplo de esta situación se vivió en la pequeña localidad de Jumilla (Murcia), donde la comunidad musulmana denunció persecución tras una ordenanza municipal que prohíbe el uso del polideportivo para la celebración del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, prácticas permitidas en años anteriores. La medida afecta directamente a los 1.500 creyentes del islam en el municipio, quienes han solicitado el espacio para fines distintos al deportivo.

El gobierno nacional, encabezado por el Partido Socialista, consideró que la ordenanza vulnera de manera evidente la libertad religiosa. Sin embargo, la alcaldesa local -del Partido Popular- defendió la disposición como una regulación del uso de instalaciones deportivas. El concejal de Vox que impulsó la norma, en cambio, justificó el veto a las celebraciones musulmanas por considerarlas “incompatibles con la identidad y costumbres de la nación española”, reforzando así un discurso que vincula migración y amenaza cultural.

En paralelo, se han registrado episodios de violencia que reflejan la tensión social creciente. En una de las movilizaciones, un hombre de edad avanzada fue golpeado por un grupo de manifestantes mientras intentaba defender a jóvenes migrantes que eran insultados. El ataque, que causó conmoción, se convirtió en símbolo del clima hostil que atraviesa el país y puso en evidencia los riesgos de que los discursos políticos se traduzcan en agresiones físicas.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el rumbo que está tomando la política migratoria española, alertando que las medidas restrictivas pueden desembocar en violaciones de derechos fundamentales y exclusión social. Al mismo tiempo, recuerdan que la migración ha tenido un fuerte impacto positivo en la economía: en la última década aportó de forma significativa al crecimiento del PIB y a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Población extranjera según nacionalidad, sexo y año.

La historia reciente muestra que España, al igual que otros países europeos, ha oscilado entre políticas de apertura e integración y momentos de repliegue y endurecimiento. Hoy el desafío consiste en conciliar seguridad fronteriza con respeto a los derechos humanos y apostar por una integración que reduzca tensiones sociales, en lugar de profundizarlas.

La evolución de este debate será determinante para el futuro político del país, en un momento en el que la inmigración se ha convertido en una de las principales banderas de la derecha y un punto de inflexión en la cohesión social española. Esto repercute en el tono político y en la percepción ciudadana, que en muchos casos percibe la inmigración irregular como un problema de orden y seguridad, aunque no siempre con base en datos comprobables.

El respaldo institucional y mediático a estas medidas refleja una tensión entre la necesidad de controlar flujos migratorios y la defensa de los derechos humanos. La sostenibilidad del sistema dependerá de políticas equilibradas que integren eficiencia operativa, infraestructura de acogida y un enfoque humanitario basado en datos reales y una visión integral del fenómeno migratorio.