
Luego de conocerse el veto del Gobierno nacional al aumento de jubilaciones y que se sepa que la restitución de la Ley de Emergencia en Discapacidad tendrá idéntico destino, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sugirió que la solución pasa por la suspensión del pago de plantes sociales a los extranjeros no residentes en el país.
“Vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una Asignación Universal por Hijo y después se vuelven al país vecino”, dijo el mandatario sobre una escena que mes a mes se repite en zonas fronterizas, en las que es frecuente observar maniobras de esa índole.
Partiendo de esa premisa, el gobernador sostiene la necesidad de poner el foco en el otorgamiento de asistencia social a ciudadanos extranjeros que viven fuera del país. El jefe de Estado provincial cree que no se puede continuar con ese modelo de ayuda, por lo que pidió dejar los beneficios sin efecto y al mismo tiempo, imponer como requisito para los nacidos fuera del territorio que perciban ayuda, que acrediten residencia en Salta.
Sáenz señaló que de hacerse así se podría “beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad”, porque el dinero saldría de “la cantidad de fondos que se regalan a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.
La idea del encumbrado dirigente tiene su origen en la suspensión de beneficios para personas con discapacidad, medida que golpeó duro en su provincia. A su vez el mandatario destacó que la decisión fue tomada desde Buenos Aires, sin reparar en las circunstancias particulares de cada provincia, y eso genera graves consecuencias en la población más vulnerable.
GZ