
El 31 de agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán, afectando principalmente las provincias de Kunar y Nangarhar, cerca de la frontera con Pakistán. La tragedia dejó más de 2.200 muertos y alrededor de 4.000 heridos, mientras miles de viviendas y carreteras quedaron destruidas, y los cortes de electricidad, agua y comunicaciones complicaron la llegada de los equipos de rescate.
A esta devastación natural se sumó un obstáculo adicional: las estrictas normas de segregación de género impuestas por el régimen talibán. Según la ley de moral vigente, las mujeres no pueden ser vistas ni tocadas por hombres que no pertenezcan a su familia, por lo que los grupos de rescate, conformados exclusivamente por hombres, no pudieron asistir a las mujeres atrapadas bajo los escombros. Como resultado, muchas sobrevivientes quedaron sin ayuda y prácticamente invisibles en las imágenes de la tragedia.
Nadia Ghulam, activista por los derechos de las mujeres en Afganistán, denunció que en Kunar “donde había muchas, muchas mujeres, no llegaron las pocas médicas ni las enfermeras que quedan en el país” y recordó que las ciudadanas carecen de acceso a comida y ropa básica. Incluso las voluntarias médicas que intentaron colaborar fueron impedidas de ingresar a las zonas de desastre, y los hospitales no pudieron atender a todas las mujeres que lograron llegar a los puntos de atención.
La situación refleja la progresiva represión del régimen extremista, que desde su retorno al poder en 2021 vetó la educación para niñas y mujeres y las expulsó de la actividad profesional y del espacio público sin un tutor masculino. Ghulam advirtió que muchas mujeres que perdieron a familiares masculinos durante el sismo enfrentan un riesgo crítico: “Si las que tienen hombres no han recibido medicamentos ni ayuda, imagínate las que no tienen a nadie. La mayoría de ellas acabarán muriendo”.
Esta emergencia se suma a una de las peores crisis humanitarias del mundo: más del 64% de la población vive en pobreza, más de 20 millones dependen de asistencia para sobrevivir y 14 millones sufren hambre aguda. La combinación de desastre natural y restricciones sociales deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, con pocas posibilidades de recibir ayuda a tiempo.
Organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por estas restricciones y han instado al régimen talibán a permitir una asistencia humanitaria más inclusiva y efectiva. Sin embargo, hasta el momento, las políticas de segregación de género continúan obstaculizando los esfuerzos de rescate y ayuda, y la comunidad internacional enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad urgente de asistencia con el respeto a las normas culturales y políticas del país.