
La confianza es el principal capital de un banco. Cada operación, cada firma, cada retiro se sostiene en la idea de que el dinero de los clientes está seguro. Pero en Caleta Olivia esa premisa se quebró: una empleada del Banco Nación fue procesada por fraude y violación de los deberes de funcionario público, acusada de haber retirado sin autorización fondos de siete cuentas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El perjuicio económico se calculó en 948.600 pesos.
El caso se inició cuando la entidad financiera detectó “actitudes sospechosas” en los movimientos de la trabajadora y presentó una denuncia. Con registros fílmicos y reportes internos, el fiscal federal de la Sede Descentralizada, Lucas Colla, junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, avanzaron en la investigación.
En 2024, la defensa de la acusada intentó cerrar la causa mediante un acuerdo de conciliación con el banco, ofreciendo una reparación de tres millones de pesos. El juzgado lo homologó, pero el Ministerio Público Fiscal apeló con el argumento de que, al tratarse de una empleada de un banco público, correspondía encuadrarla como funcionaria pública y, por lo tanto, el hecho debía ser considerado dentro de los estándares internacionales contra la corrupción.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio la razón al MPF y revocó la homologación, subrayando que los casos donde se quiebra la confianza depositada en un funcionario exigen un tratamiento diferenciado. Tras esa resolución, el juez federal Claudio Vázquez analizó nuevamente las pruebas y dictó el procesamiento de la imputada, con un embargo de cinco millones de pesos.
En su fallo, el magistrado señaló que la mujer se aprovechó de su posición y de la confianza de sus colegas para sortear los controles del sistema bancario. Los videos muestran cómo realizaba las extracciones y guardaba el dinero en su billetera o en un cuaderno, lo que para el juez no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad de las maniobras.