
El gobierno de Donald Trump está preparando una iniciativa para presentar ante la Asamblea General de la ONU que propone acotar el derecho global al asilo, incluyendo cambios en cómo y cuándo una persona puede buscar protección internacional.
Que los solicitantes de asilo estén obligados a pedir protección en el primer país que crucen, en lugar de elegir cualquier nación.
Que el asilo sea una medida temporal, y que el país receptor decida cuándo devolver a la persona si considera que las condiciones en su lugar de origen han mejorado.
Que se reforme el marco legal establecido tras la Segunda Guerra Mundial, en particular los tratados de 1951 y 1967, que garantizan el derecho a buscar refugio frente a persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
El derecho al asilo no nació con la ONU, sino que tiene antecedentes milenarios: en la Antigüedad existían “lugares de refugio” en templos y ciudades. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y los millones de desplazados que dejó, se convirtió en un pilar del nuevo orden internacional. La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967 establecieron normas universales, asegurando que ningún país pudiera devolver a una persona a un lugar donde su vida o libertad estuvieran en peligro, principio conocido como non-refoulement.
Washington busca trasladar a la arena internacional la línea dura que ya aplica en su propia política migratoria.
En los últimos meses, Estados Unidos ha incrementado las deportaciones en la frontera sur, especialmente hacia México y países de Centroamérica, con cifras que superan decenas de miles de personas expulsadas cada mes.
La Casa Blanca quiere que la ONU respalde un enfoque más restrictivo para evitar lo que describe como un “abuso” del sistema de asilo.
Podría debilitar los mecanismos internacionales de protección para quienes huyen de guerras, dictaduras o persecuciones graves.
Organismos humanitarios advierten que millones de desplazados podrían quedar atrapados en países de tránsito sin capacidad de ofrecer seguridad ni condiciones dignas.
La iniciativa enfrentará resistencia, ya que el régimen vigente lleva más de siete décadas siendo defendido como una conquista fundamental de la comunidad internacional.
Si prospera, esta propuesta no solo marcaría un giro en la política migratoria de Estados Unidos, sino que también pondría en discusión uno de los consensos más duraderos de la posguerra: el derecho universal a pedir refugio frente a la persecución.