
En una audiencia virtual, los abogados defensores de empresarios, financistas y exfuncionarios involucrados en la causa Cuadernos ratificaron este viernes sus ofrecimientos de reparación económica con el objetivo de evitar la apertura del juicio oral.
El financista arrepentido Ernesto Clarens propuso entregar un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares, ya embargados en el expediente.
En paralelo, el empresario Enrique Pescarmona sostuvo su propuesta de 510 millones de pesos, mientras su abogado recordó que la firma Impsa terminó concursada y estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández, pese a no haber obtenido contratos de obra pública en el país.
Otros imputados también acompañaron la estrategia. Mario Rovella planteó pagar 732 millones de pesos y Julio Paolini, 826 millones, además de las ratificaciones de Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti. Todos buscaron mostrar voluntad de reparación económica como vía para extinguir la acción penal.
Los letrados advirtieron sobre la magnitud que podría tener el proceso: con 622 testigos convocados y audiencias semanales, estiman que el juicio podría extenderse entre 10 y 20 años.
“Se sabe lo que cuesta al Estado, se sabe lo que cuesta a los imputados. El proceso colapsa al tribunal”, sostuvo el abogado Luciano Pauls.
En el inicio de la audiencia, Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi recordó que otras megacausas judiciales en Argentina generaron expectativa pero concluyeron sin resolución efectiva, como los casos de la aduana paralela o el contrabando de armas.
Los acusados aseguran ser inocentes pero remarcan que cargan desde hace seis años con lo que llaman una “pena natural”: la exposición pública, sanciones del sistema financiero y restricciones para operar en sus empresas.
Entre los procesados que siguieron la audiencia estuvo el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto a otros exfuncionarios kirchneristas como Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina, quien también solicitó acceder a la reparación ofreciendo pagar 60 millones de pesos actualizados.
El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó los planteos y dará lugar a la intervención de la Unidad de Información Financiera y la fiscal Fabiana León.
El juicio está previsto para comenzar el 6 de noviembre, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho.
FS