Sobornos millonarios: el escándalo que sacude a la Marina mexicana

La Secretaría de Marina de México atraviesa uno de los episodios más graves de su historia reciente. En medio de investigaciones judiciales y operativos federales, han salido a la luz detalles de una amplia red de corrupción vinculada al contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal. El escándalo involucra a capitanes, funcionarios de aduanas y empresarios, con un esquema que habría operado durante meses a plena vista de las autoridades.

El caso estalló tras la incautación del buque Challenge Procyon, que en marzo de 2025 atracó en Tampico con más de 10 millones de litros de diésel disfrazados como aditivos. A partir de ese hallazgo, se desencadenó una investigación que reveló no solo un modus operandi sofisticado, sino también la complicidad de altos mandos navales y de una empresa fachada, Mefra Fletes, utilizada para blanquear operaciones.

Empresarios y militares implicados

Las autoridades detuvieron a 14 personas, entre ellas seis militares y cinco funcionarios de aduanas, además de tres empresarios vinculados con la trama. Entre los nombres destacan Héctor Portales Ávila y Anuar González Hemadi, señalados por manejar recursos ilícitos a través de contratos simulados. También fue identificado José René Tijerina, accionista de la compañía investigada, con nexos en Tamaulipas.

Uno de los personajes centrales es Miguel Ángel Solano Ruíz, apodado Capitán Sol, un marino retirado acusado de mover millones en casinos e hipódromos. Según la fiscalía, llegó a gastar más de 60 millones de pesos en un lustro, cifra imposible de justificar con su sueldo. Su papel como operador financiero lo coloca en el corazón de la red.

Bolsas de dinero y complicidad institucional

El testigo protegido, identificado como “Santo”, relató haber recibido sobres y bolsas con dinero para repartir entre distintos funcionarios. En una ocasión, asegura, 1.75 millones de pesos fueron entregados directamente a su oficina por órdenes del Capitán Sol. Estas entregas se repitieron en al menos 14 embarques durante 2024, confirmando un esquema de sobornos sistemático.

El testimonio también apunta a la alteración de pruebas en laboratorios que certificaban cargamentos, lo que permitió que el diésel ingresara como aditivo legal. “A nivel central había conocimiento y se requería colaboración de quienes ocupaban los cargos”, declaró. Estas palabras sugieren un entramado institucional más amplio de lo que se creía.

La sombra de los Farías Laguna

Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, capitanes de la Marina y familiares del exsecretario Rafael Ojeda Durán, aparecen vinculados al caso. Sus nombres han generado polémica no solo por sus cargos, sino por la cercanía política con figuras de alto nivel. Aunque no se han dictado acusaciones formales contra ellos, la fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación.

La presión aumenta tras la revelación de que uno de los denunciantes clave, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, fue asesinado en noviembre pasado. Guerrero había señalado directamente a los Farías Laguna antes de su muerte, lo que alimenta sospechas de represalias internas.

Vínculos con crimen organizado

El empresario Roberto Blanco Cantú, señalado como verdadero dueño de Mefra Fletes, también figura en la indagatoria. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, él y su hermano Rigoberto mantienen nexos con organizaciones criminales. Esta relación pone en evidencia cómo el huachicol fiscal no solo es un problema de corrupción local, sino también un eslabón del crimen organizado transnacional.

Otro detenido, José Isabel Murguía Santiago, accionista de la empresa, ha sido vinculado a un presidente municipal en Jalisco acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada. Estos vínculos políticos muestran cómo el esquema se extendía más allá de los puertos y las aduanas.

Escándalo con consecuencias políticas

La magnitud del caso ha salpicado a la cúpula de la Marina. El propio presidente reconoció que Ojeda Durán, exsecretario de Marina, acudió en su momento a la fiscalía para denunciar corrupción en aduanas. Sin embargo, los resultados llegaron solo tras la captura del Challenge Procyon, lo que deja dudas sobre el nivel de protección que gozaban los implicados.

La investigación ha abierto un frente incómodo para el Gobierno, que ha confiado en la Marina para combatir al narcotráfico y controlar aduanas. El escándalo amenaza con minar la credibilidad de una institución históricamente vista como garante de seguridad y disciplina.

Marina mexicana expuesta: red de huachicol, sobornos y vínculos criminales.

Sin valores 

La revelación de esta red de huachicol dentro de la Marina mexicana constituye un golpe severo a la confianza pública en las fuerzas armadas. La magnitud de los sobornos, la participación de mandos medios y altos, y los vínculos con el crimen organizado dejan al descubierto una estructura corrupta profundamente enraizada.

De confirmarse la participación de los hermanos Farías Laguna y otros oficiales de peso, el escándalo podría escalar a una crisis de Estado. La Marina, pilar de la seguridad nacional, enfrenta ahora el desafío de recuperar legitimidad en un momento en el que México necesita instituciones fuertes para combatir tanto al narcotráfico como a la corrupción interna.