
En un nuevo capítulo de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que avance con el decomiso de bienes de todos los condenados, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. La medida busca recuperar más de $680 mil millones, monto que los implicados no abonaron dentro del plazo fijado y que los fiscales consideran urgente recuperar.
El pedido de ejecución inmediata genera tensión y polémica, ya que los fiscales señalan que el vencimiento del plazo para el pago ocurrió el 13 de agosto y que no hay motivos para nuevas demoras. Entre los bienes incluidos figuran más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Báez y sus empresas, más de 20 propiedades de Cristina Kirchner en Santa Cruz, la mayoría cedidas a sus hijos Máximo y Florencia, y una veintena de propiedades de otros condenados como José López, con cinco inmuebles a su nombre. La lista no es exhaustiva, pero refleja la magnitud del patrimonio en juego y la dimensión del decomiso solicitado.
Las propiedades de la expresidenta incluyen terrenos y fideicomisos cedidos a sus hijos, adquiridos entre 2003 y 2015, aunque no figura su departamento de Constitución ya embargado en otra causa. Varias propiedades de Báez ya pasaron a manos de la Corte Suprema en la causa “La Ruta del dinero K”, donde el empresario recibió una condena de 10 años de prisión.
El Tribunal Oral Federal 2 solicitó que las partes se pronuncien sobre la ejecución de los bienes, pero los fiscales criticaron la decisión como una nueva instancia dilatoria, calificándola de “procrastinación” y elevando la disputa a la Cámara de Casación. La medida judicial promete ser uno de los capítulos más polémicos en el cierre del año, mientras crece la expectativa sobre si el decomiso podrá concretarse de manera efectiva en los próximos meses.