Diputados advierten a Francos sobre las consecuencias de no aplicar la ley

Pasan los días y el Gobierno todavía no promulga ni reglamenta la ley de Emergencia en Discapacidad. El presidente Javier Milei había vetado la normativa alegando su costo fiscal, pero el Congreso lo rechazó por amplio margen. Aun así, el Ejecutivo analiza judicializar la sanción, modificar la reglamentación e incluso demorar su implementación para luego debatirla en tribunales ante los reclamos opositores.

Los supuestos cambios en el contenido de la ley se justifican “para solo darle cumplimiento a lo que se pueda afrontar presupuestariamente”, según la Procuración del Tesoro y funcionarios ligados al asesor Santiago Caputo. Sin embargo, el artículo 19° de la ley indica que la reglamentación debería realizarse “dentro de los treinta días de su sanción”.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el otorgamiento de pensiones no contributivas a las 1.900.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), equivalentes al 70% de una jubilación mínima más un bono de $70.000. Ante la falta de implementación, diputados como Daniel Arroyo advirtieron que “no es opcional” cumplir la ley y que debe ponerse en marcha de inmediato.

Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, responsabilizó directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la demora: “Él tiene la obligación de cumplir y reasignar las partidas conforme a la ley. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura prevista en la Constitución, un procedimiento que podría sacarlo del cargo”.

La ley de Emergencia en Discapacidad declara el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca asegurar los derechos de las personas con discapacidad en salud, educación, trabajo y protección social. Entre sus puntos clave se incluyen el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y de las pensiones, la actualización de aranceles, compensaciones para prestadores, la correcta certificación del CUD y el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.

La demora del Ejecutivo deja en evidencia la tensión entre el Congreso y el Gobierno, y abre la posibilidad de un enfrentamiento institucional si Francos no cumple con la normativa aprobada por ley.