
El Gobierno anunció que promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero advirtió que su implementación quedará condicionada a la definición de los recursos necesarios para financiarla. La decisión busca equilibrar el cumplimiento legal con las limitaciones fiscales del Ejecutivo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la promulgación se concretará de inmediato, pero que la reglamentación dependerá de un análisis de partidas y coordinación con el ministerio del área y las comisiones del Congreso. "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente", sostuvo Francos.
El ministro destacó que no puede ser el Ejecutivo quien redistribuya partidas sin un respaldo legal y financiero claro. "Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", cuestionó, enfatizando la necesidad de transparencia y orden en la asignación de fondos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría incrementar entre 493.000 y 946.000 el número de beneficiarios de nuevas pensiones, lo que supondría un gasto de entre $1.889.371 millones y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. Además, los pagos de compensación a prestadores alcanzarían unos $278.323 millones, mientras que los talleres de producción requerirían otros $7.160 millones.
Francos aclaró que el Ejecutivo está abierto al diálogo para definir los mecanismos de financiamiento. "Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición haga un ataque al Gobierno diciéndole: 'arréglensela como puedan'. Eso es un ataque al presidente Milei", afirmó.
La ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y establece la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, además de regularizar deudas fiscales y de seguridad social de empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad. También asegura el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, que cubren el 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes cumplan con los requisitos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el control socioeconómico.
Finalmente, la norma busca reforzar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar un esquema sostenible que permita cumplir con los derechos de las personas con discapacidad sin comprometer el equilibrio fiscal del Ejecutivo.