Petro desafía al Congreso: el polémico plan para una nueva Constituyente

El presidente Gustavo Petro volvió a colocar en el centro del debate la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez no solo como mecanismo de reforma institucional, sino como la principal bandera electoral de cara a 2026. Con un video difundido en sus redes sociales y acompañado de un mensaje directo –"Vamos por el poder constituyente en el año 2026"–, el mandatario dejó en claro que pretende movilizar a sus seguidores en torno a este objetivo.

La iniciativa, que ya había sido mencionada en varias ocasiones durante 2024, cobra ahora una nueva dimensión. Lejos de ser un recurso condicionado al éxito o fracaso de sus reformas en el Congreso, Petro plantea la Constituyente como un camino inevitable para materializar cambios que, según afirma, están bloqueados por la actual arquitectura institucional. Sus prioridades —justicia, derechos sociales y reparación de víctimas— son presentadas como urgentes, pero críticos advierten que son excusas para avanzar sobre la institucionalidad vigente.

Una bandera para la izquierda

Petro busca transformar la Constituyente en un elemento aglutinador de la izquierda colombiana. La idea es que las listas al Congreso en marzo de 2026 se presenten bajo el sello de ser "pro-constituyentes", instalando así un eje claro en la campaña legislativa y preparando el terreno para la presidencial de mayo. De este modo, el Pacto Histórico y sus aliados podrán disputar la narrativa política con un mensaje común y contundente.

Sin embargo, la propuesta también es vista como una estrategia para dividir aún más al país y prolongar la influencia del presidente más allá de su mandato. Aunque dirigentes como Daniel Quintero o Alfredo Saade han mostrado su respaldo, voces opositoras sostienen que conformar bancadas constituyentes en el Congreso solo busca debilitar los contrapesos institucionales y abrir la puerta a un control político de largo plazo.

Obstáculos institucionales

La propuesta enfrenta, además, enormes desafíos jurídicos y políticos. Para que la Constituyente se materialice, debe contar con la aprobación de una ley en el Congreso, la firma presidencial, el aval de la Corte Constitucional y, finalmente, el respaldo directo de al menos 13 millones de votantes. Cada uno de esos pasos supone un reto en un escenario político fragmentado y con oposición activa.

La Corte Constitucional se ha mostrado tradicionalmente cautelosa ante los intentos de alterar la Carta Magna, y sectores críticos sostienen que impulsar este camino puede abrir la puerta a una desestabilización institucional sin precedentes. Para Petro, se trata de relegitimar el sistema político; para sus detractores, de un intento de forzar un mandato popularque lo respalde indirectamente cuando ya no pueda ejercer la presidencia.

Estrategia electoral

El momento en que Petro revive la Constituyente no es casual. Con el fin de su mandato acercándose y sin posibilidad de reelección inmediata, la iniciativa le permite mantener la centralidad del debate público y garantizar que su movimiento llegue a las urnas con una narrativa propia. Pero el riesgo, advierten analistas, es que la propuesta sea en realidad un caballo de Troya para mantener su influencia en la política nacional.

La iniciativa, lejos de unir al país, genera una fuerte polarización. Sus adversarios la ven como un intento de extender su poder de manera indirecta, mientras sus seguidores la presentan como la única vía para concretar un proyecto que hasta ahora ha encontrado límites en la institucionalidad vigente. La campaña de 2026, en este contexto, se perfila como un plebiscito de facto sobre la permanencia del proyecto político de Petro.

Gustavo Petro y la espada de Bolívar. 

En busqueda del poder total 

La apuesta de Petro combina cálculo electoral y una visión que muchos consideran riesgosa para la estabilidad democrática. Al plantear la Constituyente como bandera de campaña, intenta proyectar a su movimiento hacia 2026, pero al costo de someter la Constitución a un pulso político que podría desestabilizar el país. La probabilidad de éxito dependerá de su capacidad para superar no solo los filtros legales, sino también el creciente rechazo ciudadano que percibe en sectores amplios.

Aunque incierta, la jugada reposiciona al presidente en la agenda pública y obliga a los demás actores políticos a pronunciarse. Sin embargo, en un país marcado por la fragmentación y la desconfianza en las instituciones, muchos ven la Constituyente menos como una promesa de futuro y más como un riesgo latente de concentración de poder que amenaza con cambiar las reglas de juego en beneficio de un solo proyecto político.