
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nació como la gran promesa del gobierno de Javier Milei para atraer capitales millonarios y generar un “antes y un después” en el desarrollo económico. Sin embargo, a casi un año de su puesta en marcha, no aprobó un solo proyecto de infraestructura ni de obra pública.
El área responsable está bajo la órbita de Martín Maccarone, socio y amigo de Luis Caputo, que coordina concesiones y obras en todo el país. Empresarios y sindicatos ya lo apodan “el fantasma”, por su bajo perfil y la falta de definiciones concretas en un sector clave para el empleo.
Mientras tanto, el RIGI solo dio luz verde a siete proyectos por unos 8.573 millones de dólares, apenas el 17% de lo prometido. Seis de esas iniciativas ya existían antes de la ley y casi todas se concentran en sectores extractivos: energía, minería, petróleo y siderurgia.
El comité evaluador que integra Maccarone junto a Daniel González (energía), Juan Pazo (producción) y funcionarios de finanzas y hacienda, aparece hoy como un engranaje burocrático sin impacto real en la diversificación productiva.
Un informe de la Fundación Encuentro fue lapidario: el régimen atrajo solo el 0,5% de las inversiones anunciadas en 2024 y se transformó en un esquema de beneficios fiscales para grandes compañías. Lejos de crear empleo y fortalecer encadenamientos locales, consolidó la reprimarización.
En este escenario, la promesa de una “lluvia de inversiones” vuelve a chocar con la realidad. Los gobernadores reclaman obras estratégicas que siguen congeladas y, por ahora, Maccarone se anota más como un espectro que como un motor de la infraestructura nacional.