El Gobierno denuncia 'terrorismo' en protestas universitarias y un plan contra Milei

El conflicto universitario escaló al máximo después de que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusara a las casas de estudio de promover actos de “terrorismo” y de impulsar un plan para “derrocar” al presidente Javier Milei. Las declaraciones se produjeron en la antesala de la Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de manifestantes frente al Congreso para exigir la caída del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno sostiene que detrás de la movilización existe un “golpe blando”, un esquema de desgaste permanente contra una gestión “legítimamente constituida”. Para Álvarez, los reclamos son políticos y buscan instalar la idea de un desgobierno. Sin embargo, el propio funcionario admitió que la situación salarial de docentes y no docentes es crítica, aunque responsabilizó a la “herencia inflacionaria” de Sergio Massa.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional la respuesta fue inmediata: señalaron que los salarios aumentaron apenas 111% entre enero de 2024 y mayo de 2025 frente a una inflación de 146,6%. Además, remarcaron que hay más de 90 obras universitarias paralizadas, becas congeladas y un sistema científico prácticamente sin financiamiento. El diagnóstico contrasta con la narrativa oficial de recomposición.

La polémica se profundizó cuando Álvarez calificó de “terrorismo” la decisión de la UBA de reducir el uso de calderas y aires acondicionados para ahorrar costos en medio de la emergencia presupuestaria. Según el funcionario, ese tipo de medidas busca generar caos y miedo en la población. El señalamiento encendió el repudio en el mundo académico, que lo consideró un intento de criminalizar la protesta.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumó combustible al enfrentar en redes al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien acusó de cobrar “seis veces más” que él. El dirigente radical publicó su recibo de sueldo para desmentirlo y denunció que Caputo “no solo carece de empatía, sino que además miente deliberadamente”. El cruce expuso una vez más el choque entre el Ejecutivo y las universidades.

Mientras tanto, la Marcha Federal avanzó con el apoyo de gremios, movimientos sociales y partidos opositores bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”. El reclamo apunta a garantizar financiamiento estable para el sistema universitario, los hospitales dependientes de las casas de estudio y el sector científico. Con acusaciones de “terrorismo” desde el Gobierno y denuncias de vaciamiento desde las universidades, el conflicto se encamina a ser una de las principales batallas políticas de este 2025.