
El 24 de julio de 2023, Felipe Miguel intentó calmar críticas por la pintura multicolor de los bolardos en el Casco Histórico de Buenos Aires con un mensaje trivial en redes: “El color es por las vacaciones de invierno. Luego volverán a su color original”. Lo que parecía un detalle menor terminó revelando un entramado millonario detrás de estas “balas de metal”.
Todo arrancó en 2017, con más de 5.000 bolardos colocados a $8.400 cada uno, equivalentes a USD 560. En años posteriores, las licitaciones se repitieron y muchos bolardos fueron reemplazados por nuevos modelos, con gastos crecientes que sumaron cientos de millones de pesos.
Para 2023, cada bolardo costaba $90.000, es decir, USD 310 según el dólar oficial de entonces. Pero con la cotización actual, el mismo bolardo vale apenas USD 60. La paradoja muestra que el negocio siempre fue en pesos, beneficiando a un puñado de empresas proveedoras mientras el gasto real en dólares se desplomaba.
Entre las firmas beneficiadas se destacan Vidogar Construcciones SA, Da Fré Obras Civiles, Salvatori, Altote, Dal Construcciones y Cunumi. Algunas tienen vínculos con aportes de campaña al PRO, como Altote S.A., cuyo titular aportó $125.000 en 2015 y luego recibió contratos millonarios.
Miguel no era un técnico de obras públicas, pero sí la cara visible del gasto: salió a explicar colores mientras esquivaba preguntas sobre vacantes escolares o la crisis del subte. Su historial polémico incluye los barbijos a $3.000 en 2020 y contratos de grúas preadjudicados en 2024.
Hoy, los bolardos se convierten en un símbolo de cómo la obra pública porteña se transformó en una máquina de hacer dinero para unos pocos, con licitaciones fragmentadas, reemplazos innecesarios y explicaciones triviales para el público. Más que una política urbana, un modelo de negocios con el espacio público como excusa.