
El gobierno de Donald Trump volvió a encender las alarmas sobre la situación en Nicaragua, al identificar al país centroamericano como un punto neurálgico en el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. La decisión, emitida a través del Departamento de Estado, contradice el relato oficial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que durante años han promovido su supuesto "muro de contención" como símbolo de eficacia contra el narcotráfico.
La inclusión de Nicaragua en la lista de naciones consideradas clave en el tráfico ilícito de drogas, coloca al país en un grupo junto a México, Venezuela, Bolivia y Afganistán. Según el informe, la determinación se basa principalmente en factores geográficos y en la magnitud del comercio ilícito, más que en la voluntad política de sus autoridades. El anuncio, respaldado por el liderazgo republicano de Marco Rubio en política exterior, refleja el endurecimiento de la visión de Washington hacia Managua.
La relación bilateral entre ambos países se encuentra en un punto crítico. En junio, Estados Unidos retiró a la DEA de territorio nicaragüense, argumentando la falta de cooperación y transparencia por parte del régimen sandinista. Desde entonces, la comunicación oficial ha estado marcada por acusaciones de corrupción, violaciones de derechos humanos y opacidad en la gestión de la política antidrogas.
En paralelo, Washington ha destacado el ejemplo de Costa Rica como un socio regional con el que sí existe cooperación estrecha en materia de seguridad. Esta comparación busca resaltar la falta de credibilidad del discurso oficial nicaragüense y señalar a Ortega como un actor que no responde a los estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
El Ejército de Nicaragua, encabezado por el sancionado general Julio César Áviles, ha defendido públicamente la efectividad del "muro de contención". Según sus declaraciones, las fuerzas armadas interceptan cada año cientos de toneladas de droga con destino a Estados Unidos y Europa, frenando el avance del narcotráfico en la región.
No obstante, estas cifras carecen de mecanismos de verificación internacional. Diversos analistas señalan que la falta de auditorías externas y transparencia institucional impide medir la verdadera eficacia de estas operaciones, lo que alimenta la sospecha de que el "muro" funciona más como herramienta propagandística que como estrategia de seguridad real.
La insistencia del régimen en mostrar a Nicaragua como un bastión contra el narcotráfico contrasta con las denuncias constantes de organismos internacionales. Estos cuestionan la opacidad en el manejo de las estadísticas y la ausencia de cooperación judicial con países vecinos. La narrativa oficial parece buscar consolidar legitimidad interna, mientras a nivel externo pierde cada vez más respaldo.
La desconfianza de Estados Unidos y la inclusión de Nicaragua en la lista negra de países clave en el tráfico de drogas refuerzan la percepción de que el "muro de contención" no es más que una cortina de humo. En la práctica, la falta de controles independientes y la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo reducen la credibilidad de cualquier iniciativa oficial.
🎥🇳🇮🇺🇸| EEUU: "Dictadura sandinista vinculada al narcotráfico".
— Gran Confederación Opositora Nicaragüense GCON (@GCONicaragua) September 16, 2025
En un reciente infome de los Estados Unidos ubica a Nicaragua junto a 21 países, entre ellos México, Colombia, Venezuela y países centroamericanos con factores geográficos y económicos que facilitan el tránsito de… pic.twitter.com/fvp057tqFR
El señalamiento de Nicaragua por parte de Estados Unidos marca un nuevo deterioro en las relaciones bilaterales y coloca al régimen sandinista en una posición aún más aislada en el escenario internacional. La estrategia de Ortega, basada en el discurso del "muro de contención", enfrenta un creciente descrédito que puede tener repercusiones políticas y diplomáticas.
Si bien es cierto que la ubicación geográfica convierte a Nicaragua en un corredor natural para el narcotráfico, la falta de cooperación y transparencia agrava la percepción de complicidad institucional. En este contexto, Washington no solo apunta al régimen como ineficaz, sino como un actor que debilita los esfuerzos regionales en materia de seguridad.