A siete años del femicidio de Leila Rodríguez, su familia denuncia hackeo y hostigamiento digital

La herida por el femicidio de Leila Rodríguez, ocurrido en 2018 en San Juan, volvió a abrirse en los últimos días. Su familia denunció que la cuenta de Facebook de la joven de 24 años fue hackeada y utilizada para subir fotos de contenido provocativo.

Para Paula Morales, madre de Leila, lo ocurrido es una nueva forma de violencia ejercida desde la cárcel. “La perpetua la llevamos nosotros”, expresó con indignación, convencida de que detrás de la maniobra está Esteban Pacheco —el exnovio y femicida condenado a perpetua— o alguien cercano a él.

“Todos los días sufrimos la pérdida de nuestras hijas y que vengan ahora y hagan esto es tremendo. Que me escriban y me digan que mi hija está en línea es muy doloroso, porque hasta hoy la sigo esperando. Es una mezcla de rabia, bronca y asco. Necesitamos tranquilidad”, agregó la mujer.

Violencia digital que se repite

El hostigamiento digital hacia familias de víctimas de femicidio no es un hecho aislado. En San Juan y otras provincias, se repiten situaciones similares que muestran cómo la violencia se prolonga incluso tras la condena de los culpables.

Laura Requena, madre de Brenda Requena —asesinada en 2019—, contó que Diego Álvarez, condenado por el crimen, sigue activo desde prisión: “Suele poner ‘Me Gusta’ en los posteos donde recuerdo a mi hija”, denunció.

Algo parecido atraviesa la familia de Thalía Recabarren, víctima en 2016. Según relató Victoria Villalón, referente de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, la mamá de Thalía todavía recibe llamadas anónimas en las que solo se escuchan respiraciones, igual que en los días previos al hallazgo del cuerpo de la joven.

“El hostigamiento empieza durante los juicios y continúa con los femicidas sentenciados”, señaló Villalón.

Las familias piden que se tomen medidas urgentes para evitar que los condenados tengan acceso a teléfonos y redes sociales. Buscan reunirse con el director del Penal de Chimbas, Carlos Suárez, y reclaman también respuestas a los jueces de Ejecución Penal.

“Necesitamos protección frente a la violencia digital. No alcanza con la condena si los femicidas siguen teniendo herramientas para seguir dañando”, subrayaron.