
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el congelamiento de bienes y propiedades de 22 objetivos asociados al Cártel de Sinaloa, en lo que representa una de las medidas financieras más amplias contra esa organización en los últimos meses. La decisión afecta a siete personas físicas y quince empresas, principalmente radicadas en Rosarito, Baja California, que según Washington forman parte de la red de apoyo económico de la organización criminal.
La medida llega en un contexto de creciente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos frente al narcotráfico. Paralelamente al anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana emitió un bloqueo administrativo contra los mismos individuos y compañías, con el fin de impedir el uso del sistema financiero nacional para operaciones ilícitas. Con ello, se refuerza el cerco sobre una de las estructuras más poderosas del crimen organizado en el continente.
El Tesoro detalló que los sancionados tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción en territorio estadounidense. Además, todos los bienes que se encuentren a nombre de estas personas o empresas, o que estén controlados en un 50% o más por ellas, quedan automáticamente congelados. Esto incluye cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias y cualquier otro activo registrado en Estados Unidos.
Entre los individuos señalados aparece Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, uno de los operadores más cercanos a Ismael “El Mayo” Zambada. El Departamento de Estado ya había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura, acusándolo de tráfico de drogas y armas. Su inclusión en la lista refuerza el mensaje de Washington sobre la prioridad que representa desarticular la red sinaloense.
Las quince compañías sancionadas abarcan desde negocios inmobiliarios hasta restaurantes y servicios turísticos en Baja California. Según la OFAC, varias de ellas funcionaban como fachadas para lavar dinero del narcotráfico y facilitar la movilidad financiera del cártel. Washington subrayó que estas estructuras empresariales permiten a la organización disfrazar ganancias ilegales bajo una apariencia de legitimidad.
Las autoridades estadounidenses remarcaron que esta estrategia busca no solo debilitar las finanzas del Cártel de Sinaloa, sino también disuadir a otros actores económicos que pudieran prestar apoyo a organizaciones criminales. El mensaje es claro: quienes participen, incluso indirectamente, en operaciones que beneficien al narcotráfico se exponen a consecuencias legales y financieras graves.
El anuncio coincidió con la visita a la capital mexicana de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo. Durante su estancia, sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la UIF para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado.
Fuentes oficiales confirmaron que la visita de Hurley busca también estrechar los mecanismos de intercambio de información entre ambas naciones, con el fin de hacer más efectivas las acciones conjuntas. La coordinación entre los dos países se considera indispensable, dado que las redes criminales operan de manera transnacional y aprovechan cualquier vacío regulatorio para mantener sus actividades.
Las sanciones generan presión adicional sobre el Cártel de Sinaloa, que en los últimos meses ya enfrentaba golpes en distintos frentes, incluyendo detenciones, decomisos y disputas internas. Analistas estiman que la medida tendrá un impacto directo en la capacidad del grupo para mover recursos, aunque también advierten que la organización ha demostrado una notable resiliencia financiera a lo largo de las décadas.
Para México, la acción representa un respaldo a su compromiso de combatir el crimen organizado en cooperación con Washington. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de estas sanciones para reducir la violencia en el corto plazo, dado que los cárteles suelen adaptarse rápidamente a las restricciones financieras mediante nuevas rutas y prestanombres.
El congelamiento de bienes a 22 objetivos vinculados al Cártel de Sinaloa refleja un esfuerzo coordinado que busca asfixiar económicamente a la organización. La probabilidad de que estas medidas reduzcan la liquidez inmediata del grupo es alta (70%), aunque no necesariamente implica un debilitamiento estructural en el mediano plazo.
La experiencia muestra que el cártel tiene capacidad para reinventarse y mantener su influencia. En ese sentido, el verdadero desafío será sostener la cooperación bilateral y cerrar los espacios de maniobra financiera que históricamente han permitido a estas organizaciones sobrevivir a sanciones similares.