
La embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi anunció la revocación y denegación de visados a empresarios y directivos indios señalados por vínculos con el tráfico de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo. Si bien no se precisaron nombres, se trata de ciudadanos indios a los que se vincula con el comercio de los llamados “precursores”, los químicos básicos para sintetizar este opioide sintético.
La medida se suma a otras decisiones previas en las que Washington ha aplicado restricciones migratorias a individuos y compañías de distintos países involucrados en el flujo global de drogas sintéticas. En años anteriores, miles de visas han sido revocadas por motivos relacionados con narcotráfico o crimen organizado, aunque esta vez el foco está puesto en los precursores químicos, cuya regulación es clave para frenar la epidemia de sobredosis que atraviesa Estados Unidos.
El fentanilo es hasta 50 veces más potente que la heroína y se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis en el país norteamericano. La disponibilidad de sus componentes en mercados internacionales facilita su producción ilegal y dificulta la tarea de los organismos de control.
El gobierno de India, que ha mantenido cooperación activa con Washington en materia de narcóticos, evitó comentarios inmediatos sobre esta decisión. Sin embargo, el anuncio llega en un momento de tensión bilateral: el presidente Donald Trump mantiene aranceles del 50 % sobre importaciones indias, acusando a ciertos sectores de facilitar el ingreso de sustancias ligadas al fentanilo. Además, esta misma semana incluyó a India entre los 23 países considerados por Estados Unidos como parte de las principales rutas de tránsito o producción de drogas ilícitas, aunque aclaró que tal designación no refleja necesariamente la falta de esfuerzos de un gobierno en particular.
En el plano económico, la medida podría tener repercusiones significativas para el comercio bilateral. Las restricciones de visado no solo afectan a los ejecutivos directamente involucrados, sino que también pueden desalentar inversiones y asociaciones de empresas indias con socios estadounidenses en sectores como el químico y el farmacéutico, industrias clave en India. La incertidumbre regulatoria genera cautela entre los inversionistas y aumenta la presión sobre compañías que exportan insumos químicos, aun cuando se trate de productos de uso legal.
El comercio entre ambos países supera los 200.000 millones de dólares anuales y las trabas diplomáticas pueden alterar cadenas de suministro en sectores estratégicos. Para India, que busca consolidarse como proveedor global en el área farmacéutica, este tipo de sanciones simbólicas representan un riesgo reputacional que puede traducirse en pérdida de mercados. Para Estados Unidos, en tanto, la presión política sobre Nueva Delhi refuerza la narrativa de lucha contra la crisis de opioides, un problema de salud pública que cada año deja decenas de miles de muertes y que se ha convertido en un tema central de la agenda interna.