Condena a Roberto Sandoval: el escándalo que sacude a México

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, recibió una condena de siete años de cárcel tras ser hallado culpable de falsificar documentos para hacerse con un terreno en el municipio de San Blas. La decisión, emitida por un juez local, representa un nuevo revés para el exmandatario priista, que ya enfrenta otros procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La sentencia se suma al historial de exgobernadores vinculados a la corrupción en el país.

La investigación determinó que en 2012, Sandoval se adjudicó de manera fraudulenta un predio de 58 hectáreas ubicado en Aután, San Blas. Para ello, utilizó una firma falsificada del propietario original, logrando inscribirse como ejidatario en el Registro Agrario Nacional durante su mandato como gobernador. Con esta maniobra, también obtuvo acceso a otros tres predios que incrementaron su patrimonio de forma irregular.

Detalles del fallo

La Fiscalía de Nayarit presentó pruebas documentales y testimoniales que confirmaron el uso de firmas falsas y el despojo del predio. Con base en estos elementos, el juez dictó la condena de siete años de prisión y ratificó la pérdida del derecho sobre las tierras involucradas. El fallo constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción a nivel estatal, un tema que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.

La defensa de Sandoval anunció de inmediato que apelárá la sentencia, alegando irregularidades procesales y de fondo. Sus abogados sostienen que el juicio estuvo plagado de fallos que afectan el debido proceso y que su cliente debería recibir la absolución. No obstante, las autoridades aseguran que las evidencias presentadas son contundentes y que el fallo se apega estrictamente a la legalidad.

Otros procesos abiertos

Sandoval permanece desde 2021 recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 4 El Rincón, en Tepic, Nayarit, donde enfrenta otros juicios. Entre ellos destacan los de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, delitos que presuntamente ocurrieron durante su gestión como gobernador entre 2011 y 2017. Estos procesos podrían aumentar de manera significativa su tiempo tras las rejas.

En agosto de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) lo vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita superiores a 156 millones de pesos. Esta cifra, equivalente a unos 8,5 millones de dólares, pone en evidencia la magnitud de las irregularidades que se investigan y refuerza la percepción de que Sandoval consolidó una red de beneficios personales a costa de la administración pública.

Contexto político

El caso de Sandoval se inserta en una larga lista de exgobernadores priistas que han enfrentado acusaciones judiciales. Su imagen aparece en la emblemática fotografía de 2012 junto al entonces presidente Enrique Peña Nieto, en la que varios de los presentes terminaron envueltos en escándalos de corrupción. Este hecho refuerza el cuestionamiento sobre la gestión de aquel sexenio y los niveles de impunidad que marcaron a esa generación de políticos.

A la sombra de su administración también persiste el recuerdo del exfiscal estatal Edgar Veytia Cambero, conocido como “El Diablo”, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Durante el gobierno de Sandoval, se multiplicaron las denuncias por desapariciones, despojos y colusión con el crimen organizado, lo que abonó a la percepción de un Estado cooptado por intereses delictivos.

⚖️ Sentencian a 7 años de prisión al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por falsificación de documentos para apropiarse de un terreno en San Blas. https://t.co/z2u4dl6PYE pic.twitter.com/NRqbB19iKp

— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 19, 2025

Más de lo mismo 

La condena contra Roberto Sandoval representa un avance significativo en la rendición de cuentas en México, aunque el camino hacia una justicia plena sigue siendo incierto. Casos como este muestran que, a pesar de la resistencia política y los intentos de impunidad, las instituciones judiciales pueden actuar con independencia y firmeza.

Sin embargo, también reflejan los desafíos estructurales de la democracia mexicana: la persistencia de redes de corrupción, la lentitud de los procesos y la falta de garantías para las víctimas. La sociedad observa con cautela, consciente de que una sentencia no basta para erradicar prácticas arraigadas que han debilitado por décadas al Estado de derecho.