
Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU expuso que en Venezuela existe un patrón sostenido de detenciones arbitrarias de familiares de opositores políticos. Según el reporte, estas prácticas no buscan aplicar justicia, sino sembrar miedo y silenciar voces críticas en un país donde ya hay más de 900 presos políticos.
El caso más emblemático es el de Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González, arrestado en enero mientras llevaba a sus hijos al colegio. Desde entonces, su familia no ha recibido información clara sobre su paradero ni acceso adecuado a defensa. Situaciones como esta reflejan cómo el régimen recurre a la represalia contra familiares inocentes como un método de control social.
La misión de la ONU documentó múltiples casos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, en los que familiares de opositores fueron privados de libertad sin garantías procesales. En la mayoría de los expedientes, los detenidos fueron obligados a aceptar defensores públicos impuestos en lugar de contar con abogados de confianza. Esto vulnera derechos básicos y confirma la falta de independencia judicial en Venezuela.
El informe concluye que se trata de una estrategia planificada, cuyo objetivo no es sancionar delitos reales, sino intimidar y neutralizar cualquier forma de disidencia. Así, la represión se extiende más allá de los dirigentes políticos, alcanzando a su entorno cercano como forma de castigo colectivo.
Pese a las pruebas y testimonios recogidos, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe, calificándolo de “agresivo” y afirmando que Venezuela es una democracia regida por leyes. Sin embargo, esta respuesta no hace más que reforzar la percepción de un Estado que se niega a reconocer sus violaciones de derechos humanos, incluso cuando quedan expuestas por organismos internacionales.
La negativa oficial contrasta con la realidad de cientos de familias que viven la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos o en qué condiciones permanecen detenidos. Cada caso evidencia la utilización del aparato estatal para la persecución política y la erosión total de la justicia independiente.
🚨 #URGENTE | La represión y el horror son usadas contra otra familia venezolana.
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 18, 2025
‼️ El régimen de Maduro secuestra a CINCO MIEMBROS de la familia Hernández, en #Yaracuy.
Pedro Hernández, activista y defensor de DDHH, fue secuestrado el 16 de septiembre del 2025 por… pic.twitter.com/J5l6RV6r42
El informe de la ONU deja al descubierto la cara más cruda de la dictadura venezolana: un régimen dispuesto a encarcelar no solo a opositores, sino también a sus parientes para perpetuarse en el poder. Este patrón de represión convierte a Venezuela en un ejemplo de cómo se manipulan las instituciones para aplastar la disidencia.
La comunidad internacional enfrenta el reto de no normalizar estas prácticas. Sanciones, denuncias diplomáticas y mayor presión son herramientas necesarias para exigir el cese inmediato de la represión y la liberación de los detenidos. La denuncia de la ONU confirma lo que las víctimas llevan años gritando: en Venezuela, el miedo es la principal arma del régimen.