Un diputado denunció demoras y conflicto de intereses en la elección del Defensor del Niño

En la última reunión plenaria de la Comisión Bicameral que tiene la misión de elegir un candidato para ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el diputado libertario Nicolás Mayoraz solicitó que se conozca el resultado del examen escrito que aprobaron setenta candidatos y que aún no fueron publicados, tal como corresponde en el marco de un concurso público.

La reunión se llevó a cabo para aprobar los parámetros a partir de los que se basará el concurso para la elección de la persona que ocupará el cargo por los próximos años. Para ello se tendrá en cuenta un examen, antecedentes, plan de trabajo y comparecencia ante la comisión. Todo eso ya se cumplió, pero llama la atención que la aprobación de las etapas del proceso llegue después de haber sido realizadas y a falta de tan pocos días de definir un candidato, lo que se haría el lunes 22 de septiembre.

“Estos lineamientos los mandan ahora, ¿no es cierto?”, quiso saber Mayoraz, que mostró su descontento: “A mí no me parece claro, ni regular, ni correcto que a último momento y cuando ya están las cartas sobre la mesa y ya tienen los favoritos, establecer ahora los lineamientos para la ponderación final. Esto había que hacerlo el primer día. Los postulantes tenían derecho a conocer cómo se iban a ponderar los puntajes que obtenían. Es muy poco serio a los fines de la transparencia que reclama la sociedad”. El legislador se quejó de que el concurso “está hecho a la medida”.

Por su parte la diputada Natalia Sarapura (UCR Jujuy) –quien preside la Comisión Bilateral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes- respondió que el procedimiento para evaluar a los aspirantes es el “que está aprobado y eso no lo vamos a modificar”. La legisladora radical agregó que “es claro” y “que no estén de acuerdo no significa que lo tengan que invalidar, poniendo en duda la buena fe, el accionar, de los que estamos en este proceso”.

Por su parte, el senador Daniel Bensusan tomó distancia del planteo del diputado libertario: “Diputado Mayoraz, no le voy a permitir que me venga a decir que yo y mis compañeros hemos tenido un proceso que no ha sido transparente y que ya tenemos los nombres. Es una falta de respeto”, y le pidió en tono coloquial: “Déjese de joder” por entender que la intención de Mayoraz es “trabar el procedimiento”. “No voy a permitir que se mancille el trabajo que hemos hecho acá” porque, en su opinión, fue “impecable”, consideró.

Lejos de amilanarse, Mayoraz siguió con su rosario de críticas en torno a la forma en que se desarrollaron las etapas del concurso. “Los exámenes escritos nunca se publicaron ni se les permitió a los otros concursantes conocer cuál fue el criterio o cómo se evaluó a otros. Es una regla básica de los concursos. Es lo que se llama imparcialidad, es decir, corroborar que mi examen fue corregido con los mismos criterios que el del otro”. El diputado santafesino agregó que “no se publicaron las notas de los que aprobaron ni el orden de mérito”, tampoco “los currículums vitae de los concursantes”, es decir, “los antecedentes laborales y la formación de cada candidato”.

Mayoraz cerró sus palabras denunciando que “Una integrante del Consejo Asesor, Nora Pulido, es madre de María Colombo, que trabaja en la Defensoría. Nunca fue puesta en conocimiento de esta Comisión esa situación. Y vaya casualidad, hay seis postulantes y por lo menos tres con chances de acceder al cargo, que trabajan en la Defensoría. Uno de ellos, tengo entendido que es el jefe de María Colombo. Esa situación debió ser puesta en conocimiento de la Comisión, porque eso hace también a la independencia y a la transparencia”.

La presidente de la bicameral dijo no tener conocimiento de esa situación, en contra de lo que afirmaba Mayoraz, pero el dato no le pareció algo suficiente para afectar la transparencia del trabajo de la bicameral. Sarapura y Mayoraz tuvieron el siguiente contrapunto:

Mayoraz: La información que yo tengo es que usted sabía que Nora Pulido es la madre de una empleada de la defensoría.

Sarapura: ¿Pero, cuál es el problema?

Mayoraz: ¿Cómo cuál es el problema? ¿Le parece perfecto que una persona del consejo asesor sea madre de una empleada cuando hay cuatro postulantes que llegan a la instancia final que trabajan en la Defensoría?

El santafesino continuó: “Lejos de haber aquí transparencia, lo que ha habido siempre ha sido un manto de duda, que se ha aumentado por el hecho mismo de que ustedes no han respondido a los requerimientos ni a las impugnaciones”. Por su parte Sarapura intentó “avanzar con el temario” y dejar para otro momento las aclaraciones que fueran necesarias por “falta de información, de seguimiento continuo del proceso”.

A continuación, Sarapura hizo que se vote para fijar una postura de la bicameral respecto a las impugnaciones, que fueron rechazadas.

En otro ítem del orden del día, en el que se trataba sobre la publicación de los CV de los postulantes, hubo otro desencuentro con Mayoraz, que citando Ley 25.323 de Protección de Datos Personales, pidió autorización a los postulantes para publicarlos. “La publicidad es una regla fundamental -dijo Mayoraz-. Si una persona se somete a un examen voluntariamente, no puede ejercer el derecho a la intimidad, porque el escrutinio público está por encima del derecho a la intimidad. Es obligación de la Comisión publicarlo, no tiene ni que consultar eso. Porque si va a ocupar un cargo público, es un derecho de la sociedad conocer los antecedentes de esa persona”.

Siguiendo su línea de argumentación, Mayoraz formuló una fuerte acusación: “No solo hacen mal al publicarlos tarde y a tres o cuatro días de designar, sino que ya tienen el nombre, porque ustedes ya tienen el nombre”. También dijo que tenían “predesignados” a cuatro futuros adjuntos en la Defensoría, “aunque la ley dice que no los designa la Bicameral”.

Sarapura llamó a votación para la publicación de los CV autorizados por sus dueños, pero el libertario fue contundente al afirmar: “Votamos en contra, porque todos los currículums se tienen que publicar”. Para explicar el sentido de su voto, señalo que “Esta ley se hizo para darle una pátina de objetividad, de profesionalismo a la designación de un defensor. No quisieron hacerse cargo del costo político de que las designaciones se hacen por acuerdos políticos. Lo que a mí me parece mal es el manoseo al cual se ha sometido a los candidatos en todo este proceso, para después terminar eligiendo a alguien en base a llamadas telefónicas, acuerdos hechos por fuera de la comisión, en base a lo que ustedes mismos reconocieron, consensos políticos”.

GZ