Escándalo en la Policía de Jujuy: cuatro agentes detenidos por encubrimiento y vínculos con narcomenudeo

La investigación que desde hace meses lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy derivó en un golpe inesperado dentro de la fuerza provincial: cuatro efectivos policiales fueron detenidos acusados de encubrimiento agravado y cohecho, en el marco de una causa vinculada al narcomenudeo.

Los procedimientos, concretados el jueves en distintos puntos de la provincia, se desarrollaron tras una orden del juez Pullen Llermanos y tuvieron como saldo la aprehensión de un subcomisario, un principal y dos cabos.

Uno de ellos fue sorprendido en su lugar de trabajo, en la Dirección General de Investigaciones del barrio Chijra, y otro en una seccional de la ciudad de San Pedro. Los restantes fueron localizados en otros puntos de la capital, aunque no trascendieron mayores detalles sobre sus funciones.

La situación más grave se registró al momento de la detención de uno de los cabos, quien tenía en su poder 270 envoltorios de pasta base de cocaína y una piedra de la misma sustancia, lo que derivó en una imputación más severa.

Según explicaron los fiscales Gonzalo Puig y Alejandro Gurrieri en conferencia de prensa, los hechos investigados se remontan al año 2023 y surgieron tras el análisis de teléfonos celulares de personas previamente condenadas por narcomenudeo. Los peritajes informáticos revelaron comunicaciones que comprometían directamente a los cuatro policías ahora detenidos.

Puig remarcó que los acusados “en su momento estuvieron en la División de Narcotráfico de la Policía de Jujuy”, aunque no registraban antecedentes penales. De acuerdo al Código Procesal Penal de la provincia, este viernes se llevará a cabo la audiencia de imputación y conocimiento de causa para avanzar en la investigación y definir la situación procesal de los efectivos.

Por su parte, Gurrieri precisó que las penas previstas para los delitos de encubrimiento y cohecho van de uno a seis años de prisión. Sin embargo, en el caso del uniformado en el que se hallaron estupefacientes listos para su comercialización, la figura legal se agrava y la sanción mínima podría trepar a seis años de cárcel.