Cámaras ocultas en baños judiciales: agravan la imputación contra un exasesor letrado de Córdoba

La investigación sobre Ginés Martín Jodar, exasesor letrado de la Justicia provincial, dio un giro alarmante con el descubrimiento de cámaras ocultas en baños judiciales, que habrían sido utilizadas para filmar de manera clandestina a decenas de mujeres. Inicialmente imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil, Jodar ahora enfrenta múltiples acusaciones que agravan su situación judicial.

El caso se desató en marzo de 2023, cuando una empleada de limpieza de los tribunales de Río Segundo lo sorprendió en un baño buscando algo debajo del lavabo. Allí encontró una media que generó sospechas y llevó a que se iniciara la investigación. Poco después, se detectó que en ese espacio se habían instalado cámaras ocultas, desde donde se habrían grabado imágenes y videos de las víctimas sin su consentimiento, según publica el diario Perfil.

La Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik Erramouspe, analizó los dispositivos electrónicos de Jodar y halló más de 200.000 archivos. La mayoría de los registros parecen haber sido captados en forma oculta por las cámaras colocadas estratégicamente debajo del lavatorio. Las víctimas, asistidas en su mayoría por la defensora pública Ana Pagliano y en algunos casos por la abogada particular Dania Villanueva, suman decenas y constituyen querellas que exigen una investigación rigurosa.

Actualmente, Jodar permanece bajo prisión preventiva. A la imputación inicial por tenencia de material de abuso sexual de menores, se sumaron nuevos cargos: producción de representaciones de partes genitales de niños, niñas y adolescentes, violación de domicilio continuada reiterada —al considerar el baño como un ámbito privado—, lesiones leves y graves agravadas por violencia de género y abuso sexual simple. Estas últimas figuras surgen de un análisis novedoso de la Fiscalía sobre los efectos psicológicos y la vulneración de la integridad sexual de las víctimas.

Pilnik destacó que las lesiones psicológicas que superan los 30 días y afectan la vida habitual de las víctimas se consideran graves, mientras que el filmarlas desnudas sin consentimiento constituye abuso sexual simple. Las querellas, además, reclaman que se reconozca el abuso sexual gravemente ultrajante, recordando que el Tribunal Superior de Justicia sentó jurisprudencia en el caso “Carignano”: no es necesario contacto físico para que exista abuso sexual.

Una de las víctimas denunció que los Juzgados de Violencia de Género no emitieron resoluciones firmes debido a recursos del Estado provincial, lo que les impide incluso acceder a licencias por violencia de género. Mientras tanto, la defensa de Jodar, encabezada por Manuel Calderón Meynier y Eduardo Tarasconi, cuestiona la ampliación de la imputación y la interpretación de la Fiscalía sobre los hechos.