
La iniciativa fue encabezada por el cordobés Oscar Agost Carreño y acompañada por referentes como Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Según el artículo 101 de la Constitución, el ministro coordinador podría ser removido de su cargo con mayoría absoluta en ambas cámaras, un número que la oposición considera posible alcanzar.
“El Gobierno rompió el estado de derecho”, denunció Agost Carreño en redes sociales, al cuestionar que el Ejecutivo suspendiera la implementación de la norma mediante el decreto 681/25.
El oficialismo promulgó la ley pero, en el mismo acto, resolvió condicionar su vigencia a la inclusión de financiamiento en el Presupuesto 2026. Esta decisión fue calificada por la oposición como un “procedimiento inconstitucional”.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió: “Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. No es competencia del Poder Ejecutivo condicionar la aplicación de una ley ya sancionada”.
Ferraro agregó que la norma es explícita: el Jefe de Gabinete debe reasignar partidas presupuestarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. “No puede excusarse: la ley lo obliga a reorganizar el presupuesto. Basta de excusas y maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, sentenció.
Si prospera la moción, Guillermo Francos se convertiría en el primer funcionario del gobierno de Javier Milei en enfrentar un proceso de destitución por decisión del Congreso.
ND