
Guillermo Francos defendió la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y explicó que aplicar la norma sin asignación presupuestaria lo habría expuesto a denuncias por incumplimiento de deberes. “Cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias necesarias para darle cumplimiento”, afirmó en una emisora radial.
El jefe de Gabinete recordó que las leyes 24.156 y 24.829 establecen que cualquier norma que disponga gastos debe prever expresamente su financiamiento. “No basta con decir que el jefe de Gabinete reasignará partidas, porque no las hay”, subrayó. Actualmente, cumplir la ley requeriría unos 3 billones de pesos, recursos que aún no están contemplados en el presupuesto.
Francos afirmó que los diputados “están en su derecho” de debatir una moción de censura en su contra, impulsada por el cordobés Oscar Agost Carreño y otros legisladores opositores, pero enfatizó que la suspensión fue un acto de cumplimiento legal y responsabilidad administrativa.
El funcionario reconoció que el contexto electoral genera “intereses políticos que complican la posibilidad de consensos”, aunque adelantó que el Poder Ejecutivo hará “todos los esfuerzos necesarios para conseguir acuerdos que permitan avanzar en reformas estratégicas para la Argentina”.
Entre las prioridades mencionó la reforma laboral y tributaria que buscará impulsar en la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei. Francos se mostró optimista por conseguir consenso en el Congreso y destacó que “el Presidente designó un ministro del Interior para facilitar estas negociaciones”.
El jefe de Gabinete cerró con un mensaje hacia los legisladores: “Hay que mirar para adelante y buscar acuerdos que permitan implementar las reformas sin incumplir la ley, asegurando que los derechos de las personas con discapacidad estén protegidos y que la administración pública actúe dentro de la legalidad”.