
La Unión Europea decidió aplazar un año más la entrada en vigor de su legislación contra la deforestación, una medida que debía comenzar a aplicarse en 2025 y que ahora quedará para finales de 2026. El objetivo de la norma es que las empresas que comercializan productos como café, cacao, carne bovina, soja, aceite de palma, caucho o madera acrediten que no provienen de tierras deforestadas después de 2020.
Europa es el segundo mayor importador de productos ligados a la destrucción forestal, detrás de China. Se calcula que al menos un 10 % de la deforestación mundial es consecuencia del consumo europeo. Entre 1990 y 2020, el planeta perdió 420 millones de hectáreas de bosques, un área mayor que toda la superficie de la Unión Europea, principalmente por la expansión agrícola.
La Comisión Europea argumenta que el retraso responde a la necesidad de terminar de desarrollar la plataforma digital que controlará la trazabilidad de cada cargamento. Según advirtió, sin ese sistema las aduanas no podrían procesar la información a tiempo y el comercio sufriría un colapso.
La iniciativa fue aprobada en 2023 tras años de debate, pero desde el inicio enfrentó fuertes presiones de algunos países productores, que consideran que se trata de una barrera comercial encubierta. Gobiernos de Brasil, Indonesia y Malasia reclamaron que la UE aplique plazos más flexibles, mientras que las industrias importadoras europeas señalaron que aún no cuentan con mecanismos de verificación adecuados.
Organizaciones ambientales, en cambio, critican la demora y advierten que cada año de espera implica más emisiones de carbono, pérdida de biodiversidad y afectación de comunidades indígenas que dependen de los bosques. También señalan que posponer la norma debilita la posición europea en foros internacionales, justo cuando el bloque busca liderar la lucha contra el cambio climático.
La ley contempla multas millonarias, exclusión del mercado europeo e incluso la confiscación de productos en caso de incumplimiento. Pese a ello, su entrada en vigor se pospone por segunda vez, dejando en suspenso una de las piezas clave de la política ambiental de la Unión Europea.