24/09/2025 - Edición Nº960

Internacionales

Escándalo sanitario

Desfalco en la Nueva EPS: las cifras que conmocionan a Colombia

24/09/2025 | El ente acusador reveló un desfalco millonario y ocultamiento de deudas que compromete a exdirectivos de la mayor aseguradora de salud del país.



La Fiscalía General de Colombia reveló que la Nueva EPS, una de las principales aseguradoras de salud del país con más de once millones de afiliados, operaba bajo un esquema de corrupción sistemática. El informe detalla que la entidad desvió más de 70.000 millones de pesos para maquillar sus balances y proyectar una falsa imagen de solvencia, mientras ocultaba deudas multimillonarias con hospitales y clínicas.

La acusación se centra en que, entre 2019 y 2023, la EPS no registró facturas por servicios de salud ya prestados, generando utilidades ficticias que en realidad representaban un fraude contable. Con ello, no solo se engañó al sistema, sino que se agravó la crisis de prestadores que dependían de esos recursos para atender a pacientes.

Exdirectivos en la mira

La Fiscalía imputó cargos a cuatro exdirectivos de la entidad: José Fernando Cardona, expresidente; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas. Según la investigación, ellos habrían orquestado el esquema para ocultar pasivos y favorecer a determinados proveedores.

El ente acusador sostiene que, pese a no haberse probado un enriquecimiento personal directo, existió un sistema de beneficios ocultos para directivos y socios. Entre ellos, la posibilidad de acceder a utilidades infladas que fortalecían la posición de la EPS frente a reguladores y competidores, manteniendo a flote una estructura financiera insostenible.

El mecanismo del ocultamiento

De acuerdo con las pesquisas, la Nueva EPS dejaba sin registrar facturas que llegaban de las instituciones prestadoras de salud, aún cuando los servicios habían sido efectivamente brindados. Esta maniobra redujo artificialmente las obligaciones reportadas y permitió inflar ganancias por 91.490 millones de pesos, de los cuales más de 70.000 millonesno existían en la práctica.

La estrategia también incluyó favorecimientos indebidos a ciertas clínicas, laboratorios y empresas farmacéuticas. Según testimonios recogidos, a algunos proveedores se les exigía devolver hasta un 30% de los pagos recibidos para garantizar el flujo de recursos, un esquema que consolidaba la red de clientelismo dentro de la aseguradora.

Impacto financiero y social

Las consecuencias fueron devastadoras. La deuda de la Nueva EPS pasó de 5,4 billones de pesos en 2022 a más de 21 billones en 2025, un incremento del 294% en tan solo tres años. Este vacío financiero golpeó de lleno a hospitales y centros de salud, muchos de los cuales enfrentaron cierres parciales, recortes de personal y suspensión de servicios.

El escándalo también afecta directamente a millones de usuarios que dependen de la entidad para recibir atención médica. Con la EPS intervenida por el Gobierno desde abril de 2024, se intentan asegurar los servicios, pero persiste el temor de que el colapso genere una crisis sanitaria de mayores dimensiones.

Reacciones y defensas

El abogado de José Fernando Cardona ha rechazado las acusaciones, alegando que “ni un solo peso de la Nueva EPS terminó en bolsillos de terceros”. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que el daño al sistema es incuestionable y que los responsables deben rendir cuentas por una administración dolosa que puso en riesgo la salud pública.

Organizaciones de pacientes y gremios médicos han exigido que se aclare la responsabilidad también de los accionistas, entre ellos cajas de compensación y el propio Estado, que a través del Ministerio de Hacienda posee el 49% de la aseguradora. Para ellos, el esquema de corrupción no pudo sostenerse sin la complicidad o negligencia de los organismos de control.

Otro caso a la bolsa 

El caso de la Nueva EPS revela cómo los vacíos de regulación y la falta de vigilancia efectiva permiten que estructuras tan esenciales como el sistema de salud sean capturadas por prácticas corruptas. La magnitud de las cifras muestra que no se trató de episodios aislados, sino de un entramado calculado y persistente en el tiempo.

De cara al futuro, la prioridad del Gobierno y las instituciones de control deberá ser garantizar la atención de millones de usuarios sin interrupciones, al tiempo que se fortalece la supervisión financiera y administrativa del sector. De lo contrario, escándalos como este seguirán erosionando la confianza en el sistema sanitario colombiano.