
El gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto Nº 2002 que modifica el régimen de Iniciativa Privada vigente desde 1990 en Mendoza, con el objetivo de promover la participación de empresas y particulares en obras y servicios públicos. La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
Según el texto, la reforma busca “adecuar y actualizar” un esquema que, pese a existir desde hace más de tres décadas, estaba prácticamente en desuso. El Gobierno provincial sostiene que este mecanismo puede impulsar inversión, empleo y dinamizar la economía local.
Entre los cambios, se establece que las propuestas de privados no obligan al Estado a declararlas de interés público y podrán presentarse tanto por convocatoria oficial como de manera espontánea. Además, se aclara que las iniciativas podrán ser desestimadas si no cumplen requisitos mínimos y que los promotores podrán ceder sus derechos y obligaciones.
La norma también otorga ventajas a quienes presenten proyectos: si las ofertas resultan equivalentes, se preferirá la del promotor inicial. Esa ventaja se amplía si el oferente tiene antecedentes en proyectos similares, con incrementos de hasta 3% sobre la valoración de su propuesta.
Otro punto clave es que el promotor podrá mejorar su oferta si la diferencia con la mejor propuesta oscila entre el 10% y el 15%, abriendo un mecanismo de competencia directa entre oferentes. Sin embargo, la ley pone un límite: la inversión no podrá superar en más de un 20% la estimada al inicio, ajustada por inflación, bajo riesgo de perder el derecho preferencial.
Finalmente, el decreto fija que los derechos del promotor de una iniciativa privada tendrán vigencia de dos años, aun cuando el proyecto no haya sido declarado de interés público. Con este movimiento, Cornejo busca dar señales a empresarios y potenciales inversores sobre la voluntad de la provincia de abrir la cancha al sector privado.