Suiza: la primera multa por burka y la polémica que no para de crecer

Suiza registró la primera sanción oficial desde la entrada en vigor de su controvertida ley que prohíbe cubrirse el rostro en público. Una mujer musulmana fue inicialmente multada con 100 francos por llevar burka, pero decidió no pagar, lo que elevó la multa a 1.000 francos, cerca de 1.300 dólares.

La ley, que entró en vigor en enero de 2025, fue aprobada por un estrecho margen en un referéndum nacional celebrado en marzo de 2021, con un 51,2% de votos a favor. Aunque suele asociarse con el burka, la normativa prohíbe cualquier prenda que cubra completamente el rostro en espacios públicos, incluyendo niqab y máscaras faciales que no sean por motivos médicos o laborales.

Carteles contra el uso del velo en Suiza. 

La sanción ha generado un intenso debate sobre libertad religiosa, derechos individuales y seguridad pública. La mujer multada denunció la medida como “islamofobia”, y varios colectivos de derechos humanos se sumaron a la discusión, advirtiendo que la ley podría estigmatizar a las comunidades musulmanas y generar tensiones sociales.

Suiza cuenta con una comunidad musulmana de aproximadamente 400.000 personas, de las cuales solo entre 30 y 40 mujeres usan burka o niqab de manera habitual. Esto sugiere que la ley impacta directamente a un grupo muy reducido, aunque su efecto simbólico y mediático es amplio.

Históricamente, Suiza ha mantenido debates sobre el rostro cubierto que reflejan tensiones entre multiculturalismo y tradición. En 2013, algunas ciudades suizas ya intentaron prohibir temporalmente el uso del burka en espacios públicos, pero los casos fueron limitados y la legislación nacional tardó años en concretarse. Otros países europeos, como Francia, Bélgica y Austria, también adoptaron prohibiciones similares, aunque las multas y la aplicación varían significativamente.

Analistas advierten que la implementación de esta ley podría derivar en más sanciones y en litigios judiciales, ya que grupos legales y defensores de los derechos civiles podrían impugnarla. Por otra parte, algunos sectores de la población defienden la norma como una medida de seguridad y de integración social, argumentando que cubrirse el rostro dificulta la identificación en espacios públicos.