
La violencia volvió a golpear a Haití con un episodio que ha conmocionado al país y a la comunidad internacional. En el barrio Simon Pelé de Cité Soleil, un ataque con drones kamikaze interrumpió la celebración de un cumpleaños infantil, dejando un saldo de al menos ocho niños muertos, además de varios adultos, entre civiles y presuntos pandilleros.
El hecho ocurrió mientras los invitados repartían regalos para Albert Steevenson, alias Djouma, señalado como líder de una de las bandas que operan en la zona. Las explosiones arrasaron el lugar en cuestión de segundos, provocando escenas de desesperación entre familiares y vecinos que intentaban rescatar a los heridos de entre los escombros.
El uso de drones en Haití ha generado creciente preocupación. Introducidos oficialmente en marzo como parte de una estrategia gubernamental de seguridad, estos equipos llegaron con apoyo de la empresa Vectus Global, vinculada al empresario Erik Prince, fundador de Blackwater. Sin embargo, lejos de contener a las bandas, la tecnología parece haber escapado al control de las autoridades.
Según cifras de la ONU, entre abril y junio de 2025, más de 236 personas murieron en operaciones con drones, muchas de ellas en circunstancias que organizaciones de derechos humanos califican como "daños colaterales". La falta de transparencia y rendición de cuentas sobre quién controla realmente estos aparatos incrementa las sospechas de abuso.
El ataque ocurre en un país donde las bandas criminales dominan cerca del 90% de Puerto Príncipe, convirtiendo a la capital en un escenario cotidiano de enfrentamientos armados. A la par, la población civil queda atrapada en medio del fuego cruzado, con miles de desplazados buscando refugio en campamentos improvisados.
La violencia no solo se refleja en las calles. Los datos de organismos internacionales revelan que en el segundo trimestre de 2025 murieron más de 1.500 personas en episodios relacionados con la criminalidad y los operativos estatales. Esta tendencia confirma un deterioro sostenido de la seguridad y un agravamiento de la crisis humanitaria.
El ataque en Simon Pelé se conoció en paralelo con las discusiones en la Asamblea General de la ONU sobre una misión internacional reforzada en Haití, respaldada por Canadá, Estados Unidos y México. Los defensores de esta iniciativa sostienen que el Gobierno haitiano carece de la capacidad para frenar a las pandillas y controlar el uso de armas avanzadas como los drones.
Sin embargo, voces críticas advierten que las intervenciones externas anteriores han tenido resultados limitados y, en algunos casos, han agravado la desconfianza entre la población. La posibilidad de una nueva misión internacional despierta tanto expectativas de seguridad como temores de una ocupación prolongada.
At least 11 people, including eight children, were reported killed in a drone attack in a gang-controlled area of Haiti’s capital Port-au-Prince. Relatives of the victims said police were targeting a suspected gang leader. pic.twitter.com/l30WK4FeY4
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2025
El ataque con drones en Haití evidencia un punto de quiebre en la crisis de seguridad del país. La introducción de estas armas sin un marco sólido de supervisión ha convertido a los civiles, especialmente a los más vulnerables, en víctimas directas de una violencia indiscriminada. La muerte de ocho niños en una celebración que debía simbolizar alegría expone la crudeza de un Estado debilitado.
A futuro, la gestión del uso de drones marcará un antes y un después en la estrategia haitiana contra el crimen. Sin control ni transparencia, el riesgo de que estas herramientas tecnológicas multipliquen la tragedia es alto. La comunidad internacional enfrenta el dilema de intervenir con mayor contundencia o permitir que la violencia siga avanzando sin freno en el Caribe.